La llave oculta

Por instrucción del Poder Ejecutivo, fiscales departamentales abrieron la etapa preparatoria para juzgamiento por diversos delitos a dos expresidentes de la república, a exministros de Estado, a militares de distintos grados, al gobernador del Beni y al alcalde del municipio de La Paz. Respecto del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes-Villa Bacigalupi, se afirma que está en vías de concluir con sentencia ejecutoriada un proceso iniciado hace más de diez años por delitos atribuidos a él cuando ejerció la función de Prefecto de Cochabamba.

Todos esos procesos se iniciaron en atención al principio de igualdad establecido en la Constitución Política del Estado, según la cual toda persona puede ser llevada a estrados judiciales cualquiera que sea su rol en la sociedad. Consta a la opinión pública que también se procedió en varios distritos judiciales a la apertura de procesos contra Evo Morales y varios de sus ministros por comisión de delitos cometidos antes y después de su renuncia a su tercer gobierno que fue inconstitucional. Esos casos están archivados en cajones con llave oculta.

Los magistrados del Tribunal Supremo fueron elegidos en votación popular sobre la base de listas elaboradas en la Asamblea Legislativa. Esos funcionarios dependientes del poder político nombran, a su vez, a los magistrados y jueces de cada uno de los nueve distritos judiciales.

El artículo 178 de la Constitución declara que la potestad de impartir justicia se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y equidad. Aunque sin duda hay jueces de moralidad intachable, es difícil que todos esos atributos prevalezcan en el ánimo de la mayoría de los encargados de administrar justicia.

La misión de actuar bajo los criterios de libertad e imparcialidad no es acatada si el juez es manipulado por quienes fueron autores de su nombramiento. La conveniencia de que los jueces no sean militantes de partidos políticos no implica carencia de opiniones ideológicas o doctrinales, sino que significa el ejercicio de libertad plena para actuar sin presiones ni compromisos.

Bajo el manto de la seguridad jurídica mencionada, que en realidad no existe, están solamente los partidarios del actual régimen de gobierno y no los políticos opositores. Probidad significa rectitud de ánimo, integridad y honradez en el obrar. No se perciben esos sentimientos en la mayor parte de los actuales jueces. La equidad se basa en la justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva.

El autor es abogado