Violencia y Estado

Editorial
Publicado el 09/10/2021

Las cifras oficiales de este año sobre violencia en ámbitos privados son alarmantes, y los hechos de ese tipo en situaciones colectivas de confrontación no lo son menos. Sin embargo, las instancias estatales responsables de la seguridad ciudadana y del orden público no solo parecen desinteresarse del asunto, sino que permiten —¿o alientan?— el ejercicio desmedido de la fuerza pública.

En efecto, de acuerdo con los registros del Ministerio Público, desde el inicio de este año y hasta el 27 de septiembre, se atendieron 33.623 denuncias por actos de violencia en todo el país. Eso significa que, en promedio, cada 11 minutos se produce un acto de violencia. Como mínimo, pues no todas las agresiones son objeto de denuncia.

La parte más impactante de esta realidad es la de los feminicidios: ya van cerca de 90 en lo que va de este año, es decir, que, en promedio, cada tres días una mujer muere en manos de su pareja o expareja. Y muchas de esas tragedias dejan huérfanos: 74 hasta principios de septiembre, según datos de una institución privada.

El encarnizamiento que sufrieron algunas víctimas de feminicidio y otros asesinatos, más o menos recientes, es también un aspecto estremecedor que cuestiona acerca del grado de desenfreno al que llega la violencia hoy.

Pero no son solo las mujeres adultas que están expuestas a algún tipo de violencia. Un estudio realizado por la organización independiente Plan International Bolivia da cuenta que, en el país, siete de cada 10 sintieron acoso en línea en algún momento de sus vidas. El estudio identificó que el tipo de violencia más frecuente reconocida por las niñas es la psicológica (87%) y la segunda más recurrente es la física (43%).

Las violaciones de niñas y niños alcanzan también cifras escalofriantes: entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de 2021, la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida registró 12.540. En promedio, una cada media hora.

La preocupación que provocan esos datos se incrementa al constatar que la instancia estatal encargada de la seguridad de los ciudadanos, el Ministerio de Gobierno, parece desinteresarse por el tema. Peor aún, sus autoridades no solo manifiestan una marcada hostilidad en sus intervenciones públicas cuando se refieren a los descontentos con la política oficialista, sino que el uso desproporcionado de la fuerza policial contra las protestas, como pudo evidenciarse en el conflicto de Adepcoca.

La violencia en ámbitos privados —en todas las sociedades— es una actitud que tiene una esencia cultural. Combatirla no es solo asunto de sancionar leyes ni de ejercer la fuerza pública con todo su rigor, sino de un trabajo de largo plazo que apunte a valorizar el diálogo y la búsqueda de las causas que generan las situaciones de conflicto, comenzando por las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y continuando por las relaciones interpersonales.

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