Prohibidísimo levantar la confidencialidad

Ningún ciudadano honesto y decente se opondría a una ley que reprima a los delincuentes que obtienen dineros con sus actos criminosos y los blanquean en la economía formal. Nadie en su sano juicio estaría en contra de este tipo de acciones estatales para librar a la sociedad del crimen organizado, especialmente para encarcelar a los narcotraficantes, contrabandistas, y esa gama espectacular de defraudadores tributarios que no solo han distorsionado nuestra economía con sus lavados, sino que están gobernando a través de sus testaferros. Lo que resulta intolerable es que estas leyes sean utilizadas para institucionalizar la persecución política contra los opositores o contra cualquier ciudadano que ose abrir la boca contra la tiranía.

En días pasados, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha sorprendido a todos cuando dijo que no puede existir una ley que contravenga el Código Tributario Boliviano respecto de la garantía de la confidencialidad de la información administrativa de los contribuyentes. Lo dijo: “está prohibidísimo” levantar la reserva y la confidencialidad tributarias. Parece que así contrarió el espíritu humillador que invade a las autoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que pretenden retirar el secreto de todas las actividades, incluidas las tributarias.

Ya desde esta columna, en el artículo publicado la semana pasada, advertí que los servidores públicos del SIN están obligados a resguardar la información fiscal sin posibilidad de levantar la confidencialidad, salvo que exista previamente una orden judicial; por esto creo que el principal ejecutivo del SIN está alineado con este principio normativo, pero de aprobarse aquel proyecto de ley nocivo, el presidente del SIN tendrá que desdecirse o será destituido de su cargo por resguardar y proteger los datos de sus contribuyentes.

Pero el afán del Gobierno para atentar contra la confidencialidad no es nuevo. El presidente Evo Morales firmó, en 2009, el Decreto Supremo Nº 77 y ordenó que se brinde información tributaria a las entidades públicas, calificadas como “no terceros”, que dependen del Órgano Ejecutivo central, entre ellas la UIF, que ejercen atribuciones de control, verificación, fiscalización, investigación y formulación de políticas económicas y sociales y de elaboración de estadísticas oficiales. Este atrevimiento reglamentario tergiversó la prohibición legal de revelar información tributaria a “terceros”, y así fue que se creó arbitrariamente un nuevo término jurídico que es el de “no terceros”. Con este atropello el dirigente cocalero abrió la posibilidad de identificar de manera individualizada a los contribuyentes, para intercambiar y transferir información entre entidades públicas con aristas muy represivas.

Entonces queda claro que este accionar administrativo de revelar información a un “no tercero” puede, en determinados casos, violentar el derecho a la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad del contribuyente. Pero más pudo, en ese entonces, el peso y el privilegio de aplicar la ley sobre un simple decreto supremo, razón suficiente para que el actual gobierno arremeta nuevamente para consolidar, a través del proyecto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, esa posibilidad de “hurgar datos para aniquilar” al adversario, distanciándose así de las convenciones internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. En el caso boliviano, estos tratados y los derechos humanos han pasado a un segundo plano.

Por el principio de confidencialidad de la información tributaria, los servidores de las entidades públicas que la reciben no pueden divulgarla, cederla o comunicarla en forma individualizada bajo responsabilidad administrativa, civil o penal que resulte de dicho acto. Punto.

La reserva y la confidencialidad ya constituyen derechos adquiridos por la ciudadanía y no puede existir una ley posterior que pretenda limitar o eliminar estos derechos. Por esto y por otras muchas razones, yo iré al paro de mañana lunes y protestaré junto con toda la ciudadanía honesta contra esta forma de terrorismo de Estado que atenta directamente contra mi libertad y mi seguridad.

El autor es abogado