Ciclos de expansión territorial de la agricultura capitalista en las tierras bajas

Columna
Publicado el 13/10/2021

Cuando el gobierno de Evo Morales planteó el objetivo de incrementar la producción agropecuaria destinada a la exportación, sostuvimos desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que se trataba de un planteamiento orientado a promover un tercer ciclo de apoyo estatal a la expansión de la agroindustria en las tierras bajas del país. 

En consecuencia, no se trataba de una propuesta coyuntural, sino de la continuidad de una política estatal que, con diferentes matices, tuvo dos ciclos previos. El tercer ciclo, que lo inicia el gobierno de Evo Morales y que lo continúan Jeanine Añez y Luis Arce Catacora, se caracteriza, entre otros aspectos, por su énfasis en el incremento de la producción agropecuaria a través de una expansión desmesurada de la frontera agrícola, planteamiento que, en un escenario de existencia de muy pocas tierras fiscales disponibles para ser aún distribuidas, está afectando a los pueblos indígenas de las tierras bajas, que nuevamente se han visto obligados a marchar en defensa de sus territorios.

En este sentido, nos parece importante dar a conocer en este artículo los rasgos centrales de cada uno de los ciclos de apoyo estatal al desarrollo de la agroindustria en las tierras bajas del país, a objeto de conocer sus implicaciones territoriales. El haber optado, desde los años de 1950 a la fecha, por un modelo que privilegia la expansión de la frontera agrícola como medio para el incremento de la producción agrícola y no el incremento de la productividad agrícola para este mismo fin, ha dado rienda suelta a una expansión territorial acelerada que va abarcando cada vez más zonas; proceso que va afectando territorios indígenas, reservas forestales y áreas protegidas.

El primer ciclo de expansión de la agricultura capitalista en el país se dio en el periodo “nacionalista” (1953-1984). Se concentró geográficamente en la zona denominada “Área Integrada” del departamento de Santa Cruz, conformada por las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santiesteban, Sarah e Ichilo, y se basó en el desarrollo de cultivos como el arroz, caña de azúcar, maíz y algodón. Estos rubros formaban parte de una estrategia de sustitución de alimentos manufacturados y de materia prima para la industria textil, así como de diversificación de exportaciones.

El segundo ciclo, que corresponde al periodo “neoliberal” (1985-2005), tuvo lugar a partir de políticas que privilegiaron la producción del cultivo de la soya que, si bien en parte es destinado al mercado interno como insumo para la industria aceitera y la producción cárnica (bovina, porcina y de aves), se destina principalmente como insumo para la exportación de productos derivados de este cultivo. Y aunque inicialmente el cultivo de la soya comenzó a desarrollarse en el Área Integrada antes mencionada, se expandió hacia zonas planas, aptas

para el desarrollo de una agricultura mecanizada a gran escala, es decir, hacia el Este del departamento de Santa Cruz, de manera específica en aquellas del tramo Pailón-Los Troncos, al este del río Grande y el área situada al norte de San José de Chiquitos.

El tercer ciclo, promovido por el gobierno del MAS (2006 a la fecha), si bien sigue apoyando la producción agrícola de granos a gran escala, con la soya como cultivo principal, está también promoviendo la producción de biodiésel con ese insumo y la producción de etanol a partir del cultivo de la caña. Asimismo, está empeñado en incentivar una ganadería bovina orientada a la producción de carne para la exportación. En términos territoriales, este tercer ciclo es mucho más expansivo pues, además de ampliarse la producción hacia la provincia Guarayos, lo hace también hacia varias zonas de la Chiquitania, incorporando partes importantes de las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Germán Busch. 

Entre 2004 y 2019, el departamento de Santa Cruz incorporó a su superficie cultivada 1,2 millones de hectáreas adicionales a las que cultivaba, lo que significa un promedio de 85 mil hectáreas por año, aproximadamente, que demuestra el importante avance de su frontera agrícola. Pero, además, durante este tercer ciclo, Santa Cruz se ha consolidado tanto como el departamento con el mayor hato ganadero bovino en el país —pues a 2019 concentraba 4,2 millones de cabezas (43,6% del total) sobrepasando al Beni que reunía 2,9 millones (30,7%)—, así como su rol de principal oferente de carne faenada a partir de la presencia de frigoríficos con capacidad de exportación de carne vacuna.

Sin embargo, la propuesta gubernamental de ampliación de la frontera agropecuaria en este tercer ciclo no se limita al departamento de Santa Cruz, sino a su expansión hacia otros territorios de las tierras bajas que forman parte de la Amazonía boliviana: el norte del departamento de La Paz y los departamentos de Pando y Beni.

Como se sabe, a pesar de todas las advertencias técnicas que señalaban la inviabilidad técnica y financiera de la producción de caña de azúcar a gran escala y su industrialización en el norte del departamento de La Paz, el gobierno del MAS ha puesto en marcha el Ingenio Azucarero San Buenaventura con la perspectiva de lograr, a partir del mismo, una ampliación de la frontera agrícola en la provincia Abel Iturralde.

En contra de la vocación forestal maderable y no maderable de Pando e ignorando las funciones ambientales y ecológicas que cumple el gran bosque de la Amazonía norte del país, el gobierno del MAS quiere convertir a ese departamento en productor agrícola. Y para ello, se encuentra incentivando la producción mecanizada de granos a gran escala, tanto en la provincia Nicolás Suárez como en la provincia Madre de Dios.

En el caso del Beni, la producción mecanizada a gran escala de arroz y soya viene expandiéndose en las provincias Marbán y Cercado, y se ha aprobado un nuevo Plan de Uso del Suelo que habilita alrededor de 11 millones de hectáreas para la producción agrícola y el cultivo de pastos para la ganadería.

Este breve recuento permite advertir cómo la producción agrícola asociada a la agroindustria capitalista va expandiéndose territorialmente y también comprender las razones por la cuales la XI marcha indígena demanda el fin del avasallamiento de sus territorios, las áreas protegidas y las reservas forestales.

 

El autor es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)

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