El inmoral cártel de los impuestos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció el viernes pasado que 136 países finalmente acordaron establecer un impuesto mínimo global de 15% a las empresas. Los objetivos del acuerdo son: eliminar la existencia de “paraísos fiscales”, eliminar la competencia entre países por atraer empresas y hacer que empresas y corporaciones paguen un monto “justo” a sus respectivos gobiernos. La OCDE espera que el acuerdo genere 150 mil millones de dólares procedentes de los beneficios de un centenar de empresas, que hasta 2023 cuando entre en vigencia, escapan al impuesto.

El acuerdo de la OCDE es vergonzoso y parece una saga más de El Padrino. Al igual que los cárteles mafiosos, los gobiernos de estos 136 países se coluden para apretar el cuello de las empresas y no dejarles escapatoria. Allá donde vayan, tendrán que pagar al menos un 15%. País que se atreva a rebajar el impuesto después de este acuerdo será sancionado y pagará caras las consecuencias.

Aunque las conversaciones para establecer un impuesto mínimo global venían de hace muchos años, estas fueron agresivamente espoleadas por EEUU desde que asumió el presidente Biden. Claramente, al gobierno demócrata le urge eliminar los llamados “paraísos fiscales” a los que migran las empresas estadounidenses tratando de evitar el impuesto en su país. Con el fin de reducir esa migración, el presidente Trump bajó ese impuesto de 35 a 21%, pero Biden lo quiere subir nuevamente a 26,5%. Varias empresas de EEUU se han mudado a Irlanda (donde el impuesto es 12,5%), Hungría (9%), Barbados (5%), Las Islas Vírgenes o los Emiratos Árabes Unidos donde el impuesto es 0%.

El acuerdo de la OCDE es ineficiente e inmoral por varias razones:

1. Estos 136 gobiernos han comprometido a sus países a respetar un acuerdo que los pone una camisa de fuerza. Los países pobres con poca solidez institucional, frágiles sistemas políticos y reducido mercado interno, tienen pocas herramientas para atraer inversión extranjera. Una de ellas es el impuesto a las utilidades de las empresas. Un impuesto de 0, 5 o 10%, incentiva la inversión extranjera porque garantiza sustanciosos ahorros a empresas que en sus países tendrían que pagar, en muchos casos, más del doble (piensen en Francia donde se paga 32%, Alemania 30% o el ya mencionado caso de EEUU donde se paga, por ahora, 21%). Si la OCDE está preocupada por la “justicia” con los pobres a cuyo nombre establece el acuerdo, entonces tendría que dejar que los países en vías de desarrollo utilicen las pocas armas que tienen para atraer empresas, inversión e innovación a sus países.

2. La OCDE piensa que no es justo que las empresas se quieran quedar con su dinero legítimamente ganado y piensa que una buena parte de esa plata se la deben dar a los gobiernos. Aquí, la inmoralidad y el poco entendimiento del proceso económico son evidentes. ¿No entiende la OCDE que la única forma en que las empresas ganan plata es produciendo bienes y servicios que la gente quiere comprar, y generando trabajo para gente que quiere trabajar? En otras palabras, el objetivo de generar utilidades hace que las empresas necesariamente mejoren la vida de la gente. Cada vez que una empresa suma beneficios es porque benefició antes a un consumidor. Si les quitamos a las empresas parte de sus ganancias y se la damos a los gobiernos, reducimos los incentivos para generar este proceso virtuoso. La OCDE también debería saber que la gran mayoría de las utilidades no se guardan bajo un colchón o financian vacaciones de lujo para los dueños. La mayor parte de las utilidades se reinvierten o fluyen al sector financiero donde generan saldos que otros empresarios pueden usar.

3. Los gobiernos son pésimos administradores de recursos. No necesariamente porque los políticos sean corruptos o ineptos (que muchos lo son), sino porque no tienen la información necesaria para asignar esos recursos eficientemente. Los gobiernos tratan de adivinar qué es lo que nosotros hubiéramos hecho con nuestra plata o directamente lo ignoran y la usan para imponer su propia agenda. Ellos tienen una ida de una sociedad hecha a su medida y usan nuestra plata para construirla. Los políticos piensan que ellos entienden lo que quiere “el colectivo” y como ese concepto es abstracto y moldeable, les es fácil imponerlo sobre las preferencias de los individuos.

¿Cuál es el rol del gobierno entonces? El rol apropiado del gobierno es proveer un eficiente sistema judicial que proteja la propiedad privada y probablemente una malla de seguridad para los más pobres. No mucho más. Para eso no necesita vastos recursos. Mientras más los dejemos en el ámbito privado más eficiencia conseguiremos ya que estos siempre serán mejor usados por aquellos que los generan y tienen incentivos para cuidarlos.

La buena noticia para nosotros es que Bolivia, por ahora, no firmó el acuerdo. El impuesto a las utilidades en el país es de 25%, muy cercano al promedio sudamericano de 27%. Esta es una gran oportunidad, por tanto, para tratar de atraer empresas que estén buscando donde asentarse.

Nuestros vecinos cobran más (Brasil, 34%; Colombia, 32%; Argentina, 30%; Perú, 30%) pero atraen más empresas que Bolivia dado nuestro minúsculo mercado interno y nuestro descalabro jurídico e institucional. Bolivia tendría que dejar su mochila dogmática y convertirse en un paraíso fiscal cobrando menos de 10% para así atraer empresas compensando por el riesgo que significa venir al país.

El autor es PhD en economía, Twitter: @tufisaravia