Los políticos torpedean la democracia

En los diferentes homenajes a los 39 años de la reconquista de la democracia boliviana, se ha puesto de relieve no sólo que esta forma de vida en sociedad no está consolidada, sino también que los mayores riesgos vienen del poder político de turno. La ocasión fue propicia para recordar el libro: Cómo mueren las democracias de los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad de Harvard. Los autores sostienen que las democracias pueden fracasar en manos no ya de generales, sino de presidentes y líderes políticos que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. A diferencia de los años 70 cuando los militares tomaban el poder, ahora las Fuerzas Armadas se han convertido en instrumentos y cómplices de los gobiernos civiles autoritarios.

La paradoja trágica es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. A tiempo de recordar como ascendieron al poder Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, entre otros, los académicos identifican los rasgos que caracterizan a una persona autoritaria, que son: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; 2) niega la legitimidad de sus oponentes; 3) tolera o alienta la violencia; e 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación.

 El desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina y para muchos ciudadanos puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando bancas en el congreso y la prensa independiente sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, en cámara lenta. Los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de cierta legalidad: o bien los aprueba el parlamento o bien el tribunal constitucional garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, garantizar la “limpieza” de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional.

La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rastro de disidencia, como hizo Mussolini en la Italia fascista o Fidel Castro en Cuba. El modo más sencillo de lidiar con los adversarios potenciales es comprarlos. La mayoría de los autócratas electos empiezan por ofrecer puestos políticos, empresariales o mediáticos destacados, favores, ventajas o, directamente, sobornos a cambio de su apoyo, al menos, de su silencio y su neutralidad. El peruano Vladimiro Montesinos hacia este trabajo a la perfección para Alberto Fujimori.

Pero para atornillarse en el poder, los gobiernos deben cambiar igualmente las reglas del juego, comenzando por reformar la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones, con el fin de debilitar a la oposición, inclinando de nuevo el terreno de juego en contra de sus rivales. Capturando a los árbitros, comprando o debilitando a los opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina, bajo una aparente legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas.

La obra recuerda que los dictadores desde Franco, Hitler y Mussolini en la Europa de entreguerras hasta Marcos, Castro y Pinochet durante la Guerra Fría, Putin y Chávez en el pasado más reciente, han justificado su consolidación en el poder etiquetando a sus adversarios de amenaza existencial. Algunas de las quiebras democráticas más trágica de la historia estuvieron precedidas por una degradación de las normas básicas.

La polarización puede despedazar las normas democráticas y cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o religiosas dan lugar a un partidismo extremo —en el que las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas concepciones del mundo no sólo son diferentes, sino, además, mutuamente excluyentes—, la tolerancia resulta más difícil de sostener. 

El autor es jurista y ha escrito varios libros