¿Quo vadis justicia?

Me han preguntado si me animaría evaluar el estado del arte de la administración de justicia boliviana en el recién pasado año. Complicadísimo resulta en el espacio aquí disponible pues debiera abarcar varios planos, pero, le meto no más y corro ese riesgo, generalizando.

No debe haber nadie en el país, peor medianamente informado y con alguito de sentido común (sé que es el menos común de los sentidos) que pueda razonablemente, sostener que vamos bien. Pese a todo, algunas perlitas deben destacarse: Por ejemplo —obligados por la pandemia— la relativa informatización del sistema: audiencias virtuales (con luces y sombras) y algún atisbo de litigio virtual en presentación de demandas y memoriales; el portafolio digital del Ministerio Público (MP) es un gran avance sobre todo para el acceso al sistema (falta las provincias); la amplia disponibilidad de facilidades para conciliar (Órgano Judicial y MP) es también plausible, así como la interoperabilidad del sistema en curso. ¡Bravo!

La cuestión de fondo es que, al final del día y salvando las excepciones que sí existen pues hay varios operadores que pese a todo lo hacen bien en la medida de las posibilidades del sistema y alumbran justicia en varios casos, es innegable que la tendencia del sistema —me duele y mucho como abogado— ha seguido fracasando en su razón de existir: tutelar efectiva y oportunamente los derechos y garantías de todas las personas. Y lo peor de todo es que no se advierten reales señales que podría superarse, sino exactamente lo contrario: más de lo mismo.

Paradójicamente, una buena noticia es que durante el recién pasado año, por si faltarían, se ha presentado una cantidad de informes, estudios y otros provenientes de la comunidad internacional, que han puesto aquel desastre en mayor evidencia de lo que ya estaba: la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte IDH sobre el burdo “derecho humano” a la reelección indefinida ha dejado en mayor ridículo del que ya estaba al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), así como los sistemáticos estudios como el del GIEI, el acostumbrado y prestigioso del World Justice Project y otros que han reiterado, por si fuere necesario, que no existe independencia judicial ni objetividad fiscal; que la Policía está a disposición del partido de turno, para el trabajo sucio y otros vicios temibles del sistema de justicia, cuya víctima es el ciudadano, lo que impide otorgar seguridad jurídica.

Ese dantesco panorama resulta demasiado evidente cuando se trata de procesos en los que está presente el interés partidario o estatal u otro tipo de factores (entre ellos la corrupción) que han prostituido la impartición de justicia haciendo que proceda con base a criterios de oportunidad y conveniencia. Muchos prefieren disimular, mirar a la otra vereda, o, los menos, navegan felices en ese excremento, como peces en el agua, por las pingües ganancias que obtienen.

El contacto que por mis actividades principalmente académicas mantengo y disfruto con cientos de colegas prácticamente de todo el país me prueba cotidianamente la enorme frustración que el foro —aquel que prepara estratégicamente sus casos, estudia y argumenta en derecho— siente cotidianamente, pues aunque el derecho no es una ciencia exacta, la naturaleza predecible que un sistema de aceptable calidad debiera ostentar sirve para solo predecir que por mucho que objetivamente te asista la razón y puedas demostrarlo con pruebas, frecuentemente ocurrirá lo contrario si sólo tienes como arma el derecho y no otras malas “artes”.

Sensiblemente, la tan “propagandeada” reforma del sistema ha fracasado nuevamente. Intentos siempre hubo, pero al final del día, sólo son parches los que se aplican, lo que prueba aquella lógica gatopardiana: cambiarlo todo para que todo siga igual o peor. La clase política de todos los colores, no tiene ni la inteligencia suficiente, ni siquiera el sentido común y, menos la voluntad política —peor cuando están en el gobierno— para encarar una genuina reforma del sistema de administración de justicia que ponga efectivos límites al ejercicio de su poder, construyendo un verdadero tercero imparcial que les respire en la nuca y les impida “meterle no más”.

Mientras no haya esa imprescindible voluntad política sostenida y pese a algunos plausibles remiendos al sistema, seguiremos padeciendo esa justicia trituradora de los derechos y garantías de los ciudadanos y, nos seguiremos disparando en nuestros pies. Mientras no exista seguridad jurídica, la miseria seguirá multiplicándose ya que un sistema de justicia confiable, no solo garantiza dignidad a la ciudadanía, sino la generación de empleos y riqueza, vía inversiones y movimiento económico: “No tiene el menor sentido reclamar que se dé al César lo que pertenece al César cuando lo que se pide es el poder absoluto como atributo indiscutible del César lo cual desconoce la naturaleza del gobernante y los atributos de la gente, todo como un pretexto para atropellar los derechos de todos los que no gobiernan”. (Alberto Benegas Lynch)

El autor es abogado