El desempeño de la nacionalización

Las veinte páginas de la Información financiera de los contratos de servicios petroleros, que la Gerencia de Administración Económica y Financiera de Contratos de YPFB ha dado a conocer al finalizar el año 2021, son una fuente valiosa de datos sobre el desempeño de la nacionalización de los hidrocarburos en el período de 14 años (mayo 2007-junio 2021) de vigencia de los contratos de servicios petroleros (CSP), firmados en abril de 2007.

Destaco la labor de esa gerencia que revierte un largo pasado de opacidad en la información proporcionada por YPFB y aclaro que, por razones de espacio, me limitaré a analizar la respuesta que nos proporciona el documento de marras a algunas preguntas acerca del desempeño de la nacionalización: ¿Qué ingresos se han generado en ese período? ¿Cómo se ha repartido ese monto entre el Estado y las empresas? Al final, ¿ganó o perdió el país con la nacionalización?

Según el Informe, ingresaron 54.000 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares cada año, por ventas a los mercados externos e internos, los que se repartieron entre el Estado (renta petrolera) y las empresas (remuneración del contratista). Se presumía que la renta petrolera llegaría a 82% o que no pasaría de dos tercios (67%), pero el Informe muestra que, en promedio, el Estado se quedó con 74 de cada 100 dólares y las empresas con 26.

La remuneración de las petroleras (incluyendo a las excapitalizadas Chaco y Andina) ascendió a 10.300 millones de dólares por costos recuperables (gastos operativos y recuperación de inversiones, incluyendo las anteriores a 2007) y 8.400 millones de dólares por participación en las utilidades.

Pues, al Estado no le ha ido mal con los CSP, pero tampoco les ha ido muy mal a las empresas, debido a que el objetivo de éstas para aceptar migrar a los CSP era recuperar las inversiones ya realizadas y aquellas necesarias para seguir produciendo en los campos anteriormente descubiertos, además de quedarse con una buena tajada de las ganancias, sin asumir compromisos de reinvertir en operaciones de riesgo (exploración).

Volviendo al Estado, y considerando que existen ingresos, como patentes e impuestos, adicionales a regalías e IDH, su participación sobre el ingreso “operacional” (el total generado menos los gastos de operación) llega al 95%, sin duda uno de los porcentajes más elevados del planeta.

Ahora bien, una conclusión apresurada induciría a pensar que la nacionalización fue un “gran negocio” para el Estado, cuando la realidad es más compleja, por las razones que paso a exponer.

Para empezar, excepto por 6.400 millones de dólares fruto de la participación de YPFB en las utilidades, los demás ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) son resultado de la Ley de Hidrocarburos 3058, anterior a la nacionalización.

Luego, el capital privado invertido en la explotación de hidrocarburos procedió del flujo de caja (y no de inversiones frescas), no corrió ningún riesgo exploratorio y se transfirió al exterior al estilo de la más clásica explotación de los recursos naturales. De hecho, ese era el objetivo de los CSP.

Adicionalmente, los porcentajes mencionados de la participación del Estado representan una barrera infranqueable para atraer nuevas inversiones, lo que explica la caída estrepitosa de la producción y de las reservas de los agotados “megacampos” y la consiguiente sangría de divisas por la importación de combustibles que no producimos.

Y, finalmente, la acelerada monetización de las reservas (con sobreexplotación de los pozos incluida) interpela acerca de la justicia generacional, considerando que el resultado de esa inusual bonanza ha sido decepcionante para el desarrollo del país que estamos dejando a las nuevas generaciones.

En resumen, con la nacionalización ganó el Gobierno, ganaron las petroleras, pero perdió el país.

El autor es físico y analista