¿Viene García-Sayán a validar algo?

El domingo 9 de enero, el ministro de Justicia, en “Diálogo” de radio Panamericana, afirmó que su gobierno espera “la validación de la plena independencia judicial que existe en Bolivia” de parte del Relator de la ONU, que ha ratificado su llegada al país este 15 de febrero. Difícil saber si Iván Lima está realmente entusiasmado con la visita próxima de Diego García-Sayán, o solo está preservando su cartera ministerial ante los embates internos para removerlo.

En todo caso, Lima no parece estar suficientemente informado sobre el mandato de supervisión —no de validación— de García-Sayán, como Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, respecto de los avances para proteger la independencia de los jueces y, sobre todo, del cumplimiento estatal de los 20 “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, aprobados por Naciones Unidas en septiembre de 1985.

Recordemos solamente algunos: Principio 1. Todas las instituciones gubernamentales, respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Principio 4. No se efectuarán intromisiones indebidas en el proceso judicial. Principio 7. Cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar sus funciones. Principio 10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán íntegras e idóneas y tendrán la formación jurídica adecuada.

La administración judicial boliviana, cuyas características son ya de tragedia, está a una enorme distancia de esos principios. Veamos:

1. Casi todos los magistrados supremos fueron seleccionados por la Asamblea Legislativa, no por su integridad, idoneidad, ni formación jurídica, sino por su afinidad político partidaria con el MAS. Por eso la votación popular los rechazó, con el voto nulo y blanco en un porcentaje cercano al 60%, frente a votaciones residuales de 3 a 6% de todas los emitidas que obtuvieron algunos candidatos que ahora —subordinados al Gobierno— ofician de jueces máximos.

Esa carencia total de independencia la ha sufrido el país en todos estos años. El Tribunal Constitucional violó la Constitución Política del Estado (CPE) y un referendo, derogando la prohibición constitucional de repostulación, para favorecer al entonces presidente Evo Morales. Se dictan fallos supremos que luego desaparecen o se les cambia de fecha atendiendo las necesidades gubernamentales, al tiempo que se designan vocales departamentales o promueven jueces con antecedentes delictivos, porque todos ellos tienen el aval del partido de gobierno.

2. Cotidianamente se efectúan intromisiones al Órgano Judicial desde los despachos ministeriales de Justicia y de Gobierno, no solo para realizar “cumbres y reformas judiciales” desde el Ejecutivo, sino para presionar directamente a los magistrados o consejeros para que renuncien so pena de juicio de responsabilidades, o para ordenar el apresamiento grosero de jueces, como Hugo Huacani durante el gobierno de Áñez, o de Melisa Lima durante el de Arce, que emitieron resoluciones que no gustaron a los gobernantes.

3. El nombramiento político partidario de la mayoría de los jueces trajo consigo mayor ineficiencia dada su carencia de idoneidad personal y profesional, lo que se tradujo en el agravamiento de la corrupción, la mora procesal y la retardación que sufren anualmente más de 600 mil litigantes cuyos trámites están empantanados, junto a 17.000 presos sin sentencia, hacinados en las cárceles.

4. No hay mucho margen para una independencia real cuando el presupuesto judicial anual no solo es inadecuado sino miserable. Solo se asigna a Justicia entre el 0,4 y el 0,6% del Presupuesto General del Estado, lo que apenas alcanza para sueldos y salarios; muy poco para infraestructura y tecnología y ya nada para crear más juzgados que atiendan a ese millón y medio de bolivianos que no tienen jueces en las provincias, como reconoció recién el presidente Arce.

5. Nuestra CPE solo aparentemente “garantiza la independencia judicial”, con la carrera judicial y la autonomía presupuestaria (Art. 178-II). Ya hablamos del presupuesto miserable digitado por el Órgano Ejecutivo, pero, además, no hay tal “carrera judicial”. Cerca del 60% de los jueces son provisorios, sujetos a despidos arbitrarios, y están acéfalos al menos 50 juzgados. Para peor, el Gobierno sigue madurando un proyecto de ley para intervenir directamente la Escuela de Jueces y la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

Ya no esperemos mucho del Gobierno; tenemos que alentar la propuesta ciudadana de reforma vía referendo, sobre la que, en su momento, informaremos al Relator García-Sayán.

El autor es político y abogado