El cuoteo del gabinete de ministros

Editorial
Publicado el 16/01/2022

En una semana más, el Presidente del Estado no tendrá el mismo gabinete que tiene hoy, a menos que ignore las “sugerencias” del jefe de su partido y las presiones de asambleístas del oficialismo, facciones —bloques, células, corrientes y etcétera— del MAS, organizaciones sindicales, movimientos sociales y otras fuerzas oficialistas que, desde hace un mes, han manifestado sus cuestionamientos acerca de varios ministros.

La designación de ministros es una prerrogativa exclusiva del presidente del Estado, está inscrita en la Constitución y la recuerdan todos los masistas y afines cuando hablan de los cambios que desean ver en el gabinete.

No es algo que ocurría de esa manera en los anteriores gobiernos controlados por el MAS, es decir, por el expresidente Morales, ni siquiera en momentos críticos.

Eran tiempos diferentes, sobre todo, porque entonces, a diferencia de ahora, el jefe del Estado era también el jefe absoluto del partido en función de gobierno.

Antes de que el MAS asuma por primera vez la administración del Estado, los cambios en el gabinete eran frecuentes porque el gobierno era resultado de pactos entre partidos con presencia en el Parlamento. No había segunda vuelta de elecciones, ningún candidato presidencial alcanzaba la mayoría necesaria de votos y el Congreso elegía al presidente como resultado del acuerdo político que incluía también el reparto de los ministerios en función de la importancia de cada bancada parlamentaria.

Era el tiempo de la democracia pactada que garantizó la estabilidad política democrática inédita en la historia boliviana. Así, durante 20 años la gobernabilidad dependía de que los partidos socios de gobierno satisficieran sus pretensiones de poder y enriquecimiento.

El cansancio ciudadano con ese sistema fue uno de los factores que determinaron la asunción de Morales a la presidencia en enero de 2006, después de ganar con casi el 54 por ciento de votos las elecciones realizadas un mes antes. Entonces no hubo necesidad de pacto para gobernar, y aún menos en 2009 ni en 2014, porque el MAS controlaba los dos tercios del Parlamento. Hoy no tiene esa mayoría calificada, pero tampoco la necesita gracias a la oportunista modificación de los reglamentos de la Asamblea que ejecutó la anterior bancada masista antes del cese de su mandato, en 2020.

Pero el Presidente, que nos gobierna porque fue electo con el 55 por ciento de votos, tiene que negociar su gabinete con su partido, y las fuerzas internas que pugnan por cuotas en el aparato del Estado y cuyas motivaciones no son diferentes de aquellas que existieron en los 20 años de democracia pactada: pretensiones de poder y de enriquecimiento.

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