Daniel Ortega se perpetúa en Nicaragua

El dictador Daniel Ortega inició su cuarto mandato presidencial consecutivo en Nicaragua, en medio del repudio nacional e internacional. El controversial proceso electoral, que se llevó a cabo con todos los opositores detenidos, fue duramente cuestionado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo interno, los miembros del Consejo del Poder Ciudadano se movían puerta a puerta, listas en mano, para arrastrar a las urnas al mayor número de gente posible. La estrategia era el “1x10”, consistente en que cada simpatizante, trabajador público o militante sandinista debía llevar a 10 personas a votar, algo que siempre le ha dado buenos resultados al chavismo en Venezuela.

El cuarto mandato de la pareja presidencial echa por la borda la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contenida en la Opinión Consultiva OC-28/21 del 7 de junio, en la cual se establece que la reelección indefinida vulnera el sistema democrático y tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, propios de una democracia representativa, porque favorece la hegemonía en el poder de ciertos sectores o ideologías. La democracia representativa así como la obligación de garantizar los derechos humanos sin discriminación parten del hecho de que en la sociedad existe una diversidad de corrientes e ideologías políticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la prohibición de la reelección presidencial indefinida tiene una finalidad acorde con el artículo 32 de la Convención, ya que busca garantizar la democracia representativa, sirviendo como salvaguardia de los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. La prohibición indefinida de la reelección presidencial busca, en definitiva, evitar que una persona se perpetúe en el poder y, de este modo, asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poderes.    

El tribunal concluye que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos. La figura de la reelección presidencial y su prohibición tiene su génesis en la regulación constitucional que los Estados realizan con respecto al derecho a ser elegido, de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. El sistema de protección de derechos humanos tiene asumido que los principios de la democracia representativa que fundan el sistema interamericano incluyen la obligación de evitar que una persona se perpetúe en el poder. 

La OEA ha invocado la Carta Democrática Interamericana que busca, precisamente, proteger a los países americanos cuanto se rompe el orden constitucional. La defensa de la democracia, los derechos humanos, los valores y principios constitucionales pasa a ser una responsabilidad de todos los países miembros. La democracia es imprescindible para la convivencia ciudadana. El artículo 3 de la Carta reconoce que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La comunidad internacional recuerda que el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder. La defensa real de los derechos humanos, en efecto, es una tarea de todos, por la sencilla razón que son universales y sagrados y su protección no debe tener fronteras. Ningún gobierno democrático debe quedar indiferente ante los abusos del régimen delincuencial de Daniel Ortega, que lejos de proteger a sus ciudadanos se encarga de polarizar y enfrentar a los nicaragüenses, que están además bajo estado de excepción permanente.