Narcotráfico y policías
El grado de penetración del narcotráfico en los mandos superiores de la Policía Boliviana parece estar muy por encima de las preocupaciones gubernamentales sobre el tema, a juzgar por las evidencias conocidas en las últimas dos semanas, que desembocaron en la detención, el sábado, de un coronel investigado por la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EEUU que lo vincula con una compleja red de comercialización de cocaína.
En efecto, una investigación de la revista colombiana Semana, publicada hace dos semanas, daba cuenta de la próxima extradición del “capo transnacional del narcotráfico, de nacionalidad boliviana, Omar Rojas Echeverría”, un expolícia que, según las pesquisas de la DEA, “no solo tiene contactos en la agencia antinarcóticos de Bolivia, sino también en las altas esferas del Gobierno de su país”.
En agosto del año pasado, otra publicación, ésta del diario brasileño O Estado de Sao Paulo, afirmaba que “Bolivia se convirtió, en los últimos años, en el santuario del Narcosur, el cartel de droga del temible Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande de la región”. La publicación señala que las autoridades de la Policía Federal de Brasil, estiman como una de las razones por las que el PCC tiene una presencia significativa en el país, “la posibilidad de que los narcotraficantes puedan contar con la protección de policías y militares corruptos”.
También en agosto de 2021, los casos de narcotráfico relacionados con Bolivia fueron noticia en Paraguay, Perú, Brasil, Argentina y Chile, los cinco países vecinos.
Poca trascendencia tuvieron esas noticias conocidas el año pasado. Al contrario, la inminente extradición de Colombia a EEUU del exmayor de Policía Omar Rojas Echeverría —cuyo hermano es oficial de alto rango de la misma institución— tuvo repercusiones más significativas.
Así, el jueves pasado, el Ministro de Gobierno informaba que se solicitó a la embajada de EEUU en La Paz un “informe oficial” sobre la investigación de la DEA acerca de los vínculos de dos exdirectores nacionales de la Felcn, con en el extraditable encarcelado en Colombia.
El primer resultado de esa iniciativa es la detención de Maximiliano Dávila Pérez, un coronel de dudosos antecedentes que ocupó altos cargos en los gobiernos de Morales, Áñez y Arce y ahora está investigado en el país por legitimación de ganancias ilícitas.
Esa detención, inevitable por las circunstancias, lo mismo que las incautaciones de droga publicitadas periódicamente, los casos de policías involucrados en narcotráfico —como el del jefe que ordenó la liberación, hace unos meses, de un camión cargado con toneladas de precursores en Santa Cruz— son acciones puntuales que evidencian la carencia de una estrategia a la altura de la magnitud actual de esa ilícita actividad en el país y de su penetración en la Policía y las instancias judiciales.
