Ausencia del Estado y violencia en líos por tierras
Dos heridos de bala y casi una veintena de detenidos en un enfrentamiento, ocurrido hace 10 días, entre tres grupos que disputan el control y tenencia de 71 hectáreas de terrenos en el sur del municipio de Cochabamba, es nada más el último de una serie de hechos violentos ligados al avasallamiento, apropiación ilegal y tráfico de tierras, en medio de una marcada desatención de las instancias del Estado.
Son hechos que en los últimos 14 meses ocurren con una frecuencia que alarma, como alarman sus características y la probabilidad de que su número sea mayor que el conocido —más de una veintena—.
A fines de octubre del año pasado, en un predio rural de Guarayos, Santa Cruz, un grupo irregular armado tomó de rehenes a 17 personas y las torturaron durante siete horas, y hasta hoy no hay avances en las acciones judiciales sobre el caso.
En julio de 2021, un equipo periodístico de Los Tiempos sufrió una emboscada, agresión física y amenazas de avasalladores de tierras comunitarias y privadas en el municipio de Arbieto.
En esa ocasión, lo mismo que en el ataque ocurrido en Guarayos, la acción delincuencial de gente organizada que se apropia por la fuerza de terrenos ajenos con fines de enriquecimiento ilícito atentó también contra uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política y otras leyes específicas: la libertad de prensa
“Los loteadores hicieron caer mi casa y mis cultivos los han arrancado. Fui a quejarme a la Alcaldía de Tolata y me dijeron que me haga respetar a golpes”, declaraba a principios de julio pasado una comunaria de Villa Copacabana, a un periodista de este diario que fue golpeado por los avasalladores.
No son los únicos casos de ese tipo que se conocen, y la acción de las instancias estatales encargadas de garantizar la paz, la vigencia de las leyes y los derechos ciudadanos no es proporcional a la violencia de los avasalladores, ni el Gobierno parece interesado en desarticular esos grupos organizados.
Porque es impensable que se trate de acciones improvisadas. Son ejecutadas con premeditación, por grupos organizados conectados con funcionarios de instancias del Estado.
Pero a la administración estatal eso parece no preocuparle. Así lo confirma la ausencia total del tema en el discurso del Presidente, el pasado sábado 22, en la celebración del Día del Estado Plurinacional.
Un Estado cuya institucionalidad se descalabra cada día más, corroída por la corrupción, la persecución judicial a opositores, por motivos ideológicos y políticos, y la penetración del narcotráfico.
