Un golpe a la verdad
Mediante una carta pública, las familias de los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, y del excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury, han confirmado que ambos se han acogido a juicios abreviados, en el proceso ordinario, y por tanto contrario a lo que prescriben la Constitución Política del Estado y la ley, contra la expresidenta constitucional Jeanine Áñez.
En la práctica jurídica nacional, el proceso abreviado se ha aplicado por razones de economía procesal, pues quien sea imputado puede admitir su culpabilidad para evitar los procesos largos y costosos, lo cual es compensado con una reducción de las sanciones que dicten los jueces. Eso es lo que expresa, a grandes rasgos, la norma, que abre, con la mejor intención, un camino alternativo y expedito a la solución de controversias.
Ahora bien, en nuestro retorcido sistema de administración de justicia se han dado muchos casos en que quienes recurren a esta medida alternativa no son solamente aquellos que reconocen haber cometido el delito por el cual son acusados, sino también quienes guardan, contra sus derechos y garantías constitucionales, largos años de detención preventiva; esta medida cautelar se ha convertido en manos de los operadores del oscuro Ministerio Público y de nuestra aviesa justicia en un instrumento de refinada extorsión de las personas procesadas que, cansadas de que su juzgamiento no avance, prefieren admitir que son culpables, recibir una condena enervada y salir cuanto antes de aquellos antros penitenciarios donde además campea la corrupción.
Bajo estas claves se debe leer la carta de los familiares de Terceros y Jarjury, quienes, además de pedir disculpas por la decisión de haber optado por juicios abreviados, aducen que los exjefes castrenses tienen problemas de salud complicados por la edad. Sugieren también que no pueden luchar solos contra una justicia sometida al Gobierno.
Reparemos en la frase de la misiva que dice que Bolivia sabe la verdad de lo ocurrido en noviembre de 2019 y que la historia no se puede cambiar: ciertamente, el fondo de este proceso ordinario es modificar los hechos relativos al fraude electoral de ese año para imponer la narrativa del “golpe de Estado” del expresidente Evo Morales. ¿No es el propósito de la justicia encontrar la verdad histórica de los hechos sometidos a su jurisdicción? En este caso, queda claro que la búsqueda de la verdad histórica no interesa: la meta es validar la ficción de Morales, que él está convencido de que lo habilitará para volver al poder. En realidad, el juicio abreviado de los excomandantes equivale a asestar un duro golpe a la verdad de los hechos que precipitaron la fuga de Morales.
Una justicia servil al poder daña el Estado de derecho y la democracia. Seguramente que la visita del relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ayudará a identificar el lamentable estado de nuestra justicia para emprender una necesaria y urgente reforma.
