Era a esperar nomás

…Para que el tiempo nos dé la razón. El narcotráfico aumenta su poder y producción en Bolivia; sin Morales en el gobierno, esto se puede descontrolar.

No sirve de nada que el Ministro de Gobierno siga con la cantaleta de que en el mundo se lo ve como un país de paso, pero que ello “no significa que no haya fábricas o laboratorios de cocaína”, como aseguró hace un par de días cuando ensayó la respuesta ante la denuncia de la Europol, acerca de la creciente producción de cocaína boliviana que ahora llega a Europa. 

Decir que un país como el nuestro es “de paso” es perder de entrada la discusión, porque los sembradíos de coca en el país bordean las 45.000 hectáreas cuando la ley que aprobaron en marzo de 2017 aumentó la extensión de coca legal a 22.200 hectáreas duplicando las 10.400 que nunca lograron dejar en ese número y que aumentaron ante la incapacidad de erradicar los excedentes. Hoy se fijan metas más pequeñas que los años 2013 y 2014. En efecto, en 2021 se erradicaron 9.000 hectáreas y para 2022 se han propuesto llegar a 10.000 hectáreas erradicadas, cuando en los años citados se ha llegado a erradicar un número cercano a 12.000 hectáreas. 

Antes de 2006, cuando llegó Evo Morales al gobierno, Bolivia tenía 25.400 hectáreas de coca sembrada; en 2006 la extensión creció hasta 30.900 hectáreas y recién en 2014 bajó a 24.000 hectáreas, que fue lo que Evo Morales terminó legalizando, aunque nunca se llegó a ese número, siempre hubo excedente. 

La ley que sustituyó a la famosa y despreciada Ley 1008 (del año 1988) tiene el número 906 y se la dictó en marzo de 2017 con la intención de “dignificar al productor, comercializador, consumidor, industrializador”, creando el Registro de Productores de Coca y el Centro de Investigación Integral de la Coca, que debía realizar investigaciones y promover el desarrollo tecnológico productivo de coca, “recuperando saberes ancestrales”; parece que lo único ancestral fue el acullico, porque cualquier otra actividad quedó en nada; lo único que hicieron fue aumentar el área de siembra y hacer crecer la producción de cocaína; con la coca con que antes se producía un kilo de cocaína, ahora se produce casi tres kilos. Vaya si dio resultado eso de la “industrialización”.

Las áreas de siembra se distribuyeron de la siguiente manera: 14.300 hectáreas en los Yungas paceños (la única que se “acullica) y 7.700 en Chapare, que ni se acullica ni va a mercados legales, siendo destinada a la fabricación de cocaína, sin que ello signifique que la coca excedente de Yungas no se destine también al narcotráfico.

Bolivia es parte del circuito coca-cocaína; es el tercer productor de la droga en el mundo (sólo hay tres; los otros son con Colombia y Perú). Las hectáreas de coca duplican la extensión permitida por la ley de Evo Morales, que se hizo de esa manera por la imposibilidad estatal de quedar en 10.200 hectáreas, de manera que suena cínico (como todo lo que hacen para justificar lo que no se puede ocultar) intentar posicionar la idea de que somos “un país de paso”.

¿País de paso? Es innegable que por su ubicación Bolivia es también (no principalmente) país de paso; en mi libro Coca, territorio, poder y cocaína (2016, dos ediciones y una reimpresión) hemos registrado declaraciones de la Dirandro de Perú, que detectó que desde ese país llega a Bolivia pasta base a ser cristalizada en el país en más o menos 200 toneladas anuales. En alguna ocasión, se ha sabido que ha llegado cocaína colombiana de paso a Brasil (Cocaína a rota Caipira, Allan de Abreu, editorial Record, Brasil, 2017, tres ediciones), de manera que es imposible negar que la ubicación del país, es decir, ser el centro de Sudamérica, no facilita el negocio (además, somos país mediterráneo); el año pasado se destruyeron 47 pistas clandestinas: 22 en Santa Cruz, 17 en Beni, cinco en La Paz y en Tarija y Cochabamba, una en cada departamento.

Pero entendamos qué quiere decir de paso: en narcotráfico está claro que Sudamérica es “paso” porque la producción de cocaína no está destinada para ser consumida en los países que la generan, así su consumo sea cada vez mayor (ver información sobre la capacidad de negocios de la llamada “la reina del microtráfico” para entender la gravedad del tema local).

Brasil, México, Paraguay, Argentina y Chile son también países de paso; Brasil consume el entre el 60 y 70 por ciento de lo que se envía desde Bolivia y Perú (no se puede saber si sigue llegando cocaína colombiana) y el resto lo exporta a Europa; México tiene como objetivo el mercado norteamericano, que es país de destino. No se ha sabido que la cocaína que llega a EEUU sea reexportada. Paraguay es “ruta de paso”; Argentina, pese a su creciente consumo, reexporta, al igual que Chile, de manera que no hay dónde perderse: Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden, son los proveedores de un negocio que amenaza con extenderse aún más.

El peculiar caso boliviano debe ser único en el mundo: el cocalero tiene relación de poder y política con el Estado a través del gobierno. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es uno de los hombres fuertes de Chapare (coca que no se destina al acullico) y el senador Leonardo Loza, también alto dirigente de las Federaciones cocaleras de Chapare, es el secretario del Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico del Senado; ambos son, como en tiempos de Evo Morales con Felipe Cáceres, los encargados de coordinar con el gobierno de Arce Catacora todo lo referido al tema coca/cocaína/narcotráfico.

Eso hace que a las cuatro palabras —coca, territorio, poder y cocaína, que se entendían perfectamente en cuanto al peso específico de cada una de ellas— se le aumente un “quinto elemento”: Gobierno. Como vengo sosteniendo desde hace rato, no es lo mismo Evo Morales como presidente del Estado y de las seis federaciones cocaleras del Trópico (no logró penetrar a Yungas) determinando qué se hacía y qué no y otra cosa muy diferente es el presidente Arce Catacora, quien no tiene relación directa con el cocalero. 

Hoy, la relación cocalero/poder no es la misma; hoy hay otra relación que es de negociación permanente y ahí es donde entra y se percibe algo que va más allá de la “obediencia política”, es decir, que estamos frente a una relación institucional cocalero/gobierno.

Era cuestión de tiempo. Eso se constata en el incremento de cocales (nunca hubo tanta coca en el país) y en la presencia de cárteles que, sabedores de la relación cocalero-Gobierno, mantienen una presencia “medida”, aunque se atrevan a cada vez más y los negocios crezcan y los destinos también. No es casual que, a fines de 2020 (Arce llegó al gobierno en noviembre de ese año), se detecte un incremento de la producción de cocaína boliviana en Europa y hasta a EEUU (la ruta caribeña, Rojas Chavarría, Roca Suárez, el coronel Dávila…).

Era, y es nomás, a esperar; veremos en qué acaba.

El autor es periodista