Debilidades y riesgos democráticos en Bolivia

Una “urgente reflexión colectiva sobre los riegos autoritarios” que se advierten en el país y que, lejos de aminorar, van en ascenso, ha sido planteada, entre otras voces, por la de Horst Grebe López en la introducción de la reciente publicación del Grupo Prisma y Plural, titulada La democracia en Bolivia hoy, situación y perspectivas, en la que se incluyen 12 textos que buscan alentar y alimentar esa reflexión. Tomo la palabra de Horst Grebe ahora, porque una de sus reflexiones es clave en este momento de crisis multidimensional que vive Bolivia, ya que apunta a uno de los pilares fundamentales de la democracia: la calidad y efectividad de la representación política.

Una representación venida a menos desde hace años, gracias no sólo a los desaciertos e incoherencias de dirigentes y militantes de las propias organizaciones políticas, sino también al desinterés de la sociedad civil, cuando no a una dura y sistemática campaña antipartidos o antipolíticos. Preocupante, por supuesto, porque esa descalificación o descreimiento en las organizaciones y en la representación políticas, resultado a su vez de las deficiencias e incompetencias de las mismas, representa hoy “una de las mayores insuficiencias democráticas en el país”. Insuficiencias que, lamentablemente, aumentan esos riesgos autoritarios señalados al inicio, tal como lo estamos viendo hoy en el país.

¿O acaso alguien duda que las arremetidas autoritarias del MAS, partido de gobierno, van ganando terreno e imponiéndose con total impunidad sólo por “méritos” de una cúpula que tiene en claro y bien definido su proyecto de poder? A estas alturas de los hechos, es imposible e inadmisible soslayar la cuota de responsabilidad que tienen en ese avance “las oposiciones”, como las señala María Teresa Zegada Claure en uno de los 12 textos incluidos en la publicación referida. Oposiciones que han fallado, siguen fallando y parecen decididas a persistir en las fallas, tanto por acciones equivocadas, como por inacción. Unas y otras repetidas a lo largo de las últimas décadas, como es fácil verificar en un somero repaso de la historia política boliviana.

Las últimas semanas hemos tenido varios ejemplos de ello en el plano nacional y local. Ejemplos vistos en el tema referido a la elección del nuevo Defensor del Pueblo, por citar uno nacional; otro muy llamativo anotado en el gobierno local de Santa Cruz de la Sierra, referido a una ley municipal para restituirle al Concejo su rol y autoridad como fiscalizador, conociendo y aprobando contratos previa firma del Ejecutivo; y uno más en el plano departamental, referido a un decreto que vulneraba las competencias del vicegobernador, reconocidas por estatuto, que finalmente no entró en vigencia. En los ejemplos citados hay un punto en común: prácticas reñidas con el ejercicio idóneo que debería regir en la representación política, sea como organización, sea como individuo.

Prácticas comunes en todas las organizaciones políticas, oficialistas u opositoras, que no están cumpliendo a cabalidad tareas que son fundamentales, como las que detalla Grebe: “agregar demandas de la sociedad, educar a su militancia en valores y principios de la democracia, participar en los debates formales e informales sobre los temas centrales de la agenda nacional y rendir cuentas sobre los recursos utilizados en el cumplimiento de sus ofertas programáticas”, además de “asumir la responsabilidad sobre la conducta de sus militantes”.

Una realidad insostenible y que demanda un golpe de timón urgente, si acaso hay aún un interés sincero y real en esas representaciones y organizaciones políticas de salvar al país de los riesgos antidemocráticos que lo acechan. Y si no hay ese interés al interior de las organizaciones y representación política, pues debiera sobreponerse el de la mayoría de los bolivianos que dice querer seguir viviendo en democracia, a la que no le quedará otro camino que el de volver a movilizarse, presionar a la clase política y arrancarle las acciones necesarias para frenar los riesgos autoritarios y obligarla a reconducir, como corresponde, el proceso democrático recuperado hace pocas décadas.