El contrabando pone al modelo contra la pared

Frenar el contrabando es la primera conclusión (¿súplica?) de la Cumbre Productiva que la Cámara Nacional de Industrias organizó en días pasados. 

¿Por qué hay contrabando? Según el Viceministro de Lucha contra el Contrabando –quien fue el único funcionario público de nivel que acompañó la cumbre de principio a fin–, las causas son el tipo de cambio fijo; los impuestos y aranceles; los controles débiles; la normativa permisiva y la baja productividad. Resaltó las dos primeras con un recuadro etiquetado como “Decisión política”. 

¿Qué recomienda la Cumbre? Tres medidas específicas: bajar de 200 mil a 10 mil UFV el límite del valor traficado exento de penalidad; crear comités departamentales, con participación pública y privada, de lucha al contrabando e intensificar las acciones de interdicción. Con respecto a las causas asociadas a la “decisión política”, solo recomienda analizar el impacto del tipo de cambio, y sugiere considerar la reducción del IVA.  

La Cumbre dejó fuera de cualquier duda la alta prioridad que los empresarios asignan a la lucha contra el contrabando. Pero, en línea con mis comentarios en la “Nota para la cumbre”, considero que el diagnóstico del Viceministro y las recomendaciones preliminares de la mesa que debatió el tema no plantean soluciones de fondo porque no han considerado, como causa del agravamiento del problema, al Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).

En la década final del siglo pasado, la Federación Boliviana de la Pequeña Industria planteó que las causas del contrabando eran la debilidad institucional, el prebendalismo y la corrupción en la Aduana Nacional; la cultura rentista que genera la “tolerancia social” al contrabando, como consumidores y como modelo de vida a emular por la riqueza que abiertamente ostentaban los contrabandistas y las políticas oficiales, entre las que destacaba el impulso al microcrédito que promovió el micro “contrabando-comercio” –emprendedurismo ensalzado por el BM–, hasta llegar a ser el canal de distribución del “macro contrabando”.

Estas condiciones están aún vigentes, pero, desde 2006, se acentuaron con la financiarización, el tipo de cambio fijo, la enorme presión fiscal en el mercado interno, la cuasi “tolerancia oficial”, expresada en el umbral de 200 mil UFV (hoy 70 mil dólares) para tipificar el delito y en la inclusión de “ropavejeros” y “chuteros” como aliados, si no parte del Gobierno: en 2014, Evo Morales pedía públicamente a sus “diputados chuteros” movilidades para su campaña.

Los efectos de estas políticas se reflejan en el comportamiento de las cuentas nacionales, que muestran un nítido cambio de tendencias desde 2006 con respecto a 1990-2005. En las cuentas del ingreso, la participación de los impuestos se duplica del 12% al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) a costa de reducir la participación de la remuneración al trabajo que cae del 36% al 26%; en términos relativos, la presión tributaria pasó del equivalente al 38% de la remuneración a los asalariados al 80% después de 2006: el ingreso neto disponible de los asalariados –su capacidad efectiva de consumo–cayó significativamente, reduciendo aún más el mercado interno.

Los sucesivos aumentos salariales desde 2010 no contradicen la pérdida global de capacidad de consumo de los hogares: beneficiaron a segmentos cada vez menores de la Población Económicamente Activa –un 20% que aún tiene empleo formal (la mitad son empleados públicos)–; en 2017, la participación de los hogares en la estructura de la demanda interna fue la menor desde 1990. En general, el consumo privado cayó del 77% al 67% del PIB, mientras que la inversión aumentó del 13% al 23%. Significa que el PIB no crece estructuralmente por mayor capacidad de consumo privado que motive más producción, sino que lo hace “contablemente” por mayor gasto en inversiones y más impuestos que, por cierto, no generan nuevas fuentes de empleo-ingreso. En particular, por efectos del contrabando, desde 2011 la agricultura tradicional y la industria manufacturera redujeron su participación en la estructura del empleo. 

Entre 1990 y 2005, las importaciones legales equivalían al 38% del consumo privado; después de 2006 bordean el 60%; con respecto a la demanda interna global, las importaciones pasaron del 27% al 38%. Si se suman los estimados 2.000 a 2.500 millones de dólares de contrabando en productos de consumo –6% del PIB–, es evidente que la orientación y las prioridades del MESCP han casi eliminado el mercado interno como base de la diversificación productiva con empleo. 

Con estos antecedentes, las recomendaciones (preliminares) de la Cumbre son insuficientes. Es probablemente imposible erradicar el contrabando, pero la evidencia empírica y el sentido común muestran que, para nuestra economía, los pasos iniciales serían corregir (revertir) los efectos de la financiarización, del tipo de cambio fijo, de la irracional presión fiscal y de la tolerancia oficial al contrabando (que el modelo usa para controlar la inflación): implica poner al modelo contra la pared con la disyuntiva: consumismo rentista o economía productiva.

La Constitución Política del Estado establece que el régimen aduanero, la política cambiaria y el control de fronteras son competencias privativas del gobierno central. Por eso, más allá de discursos ideologizados, frenar el contrabando y la desindustrialización del aparato productivo depende del sentido común… y del Ministerio de Economía, no de más acciones de interdicción, de crear comisiones o de modificar las penalidades en la ley.