La negociación salarial
La previsión de crecimiento para 2022, en el Programa Fiscal Financiero (PFF) firmado a fines de marzo entre el Gobierno y el Banco Central de Bolivia, es de 5,1 por ciento del PIB, pero el FMI, en su más reciente publicación sobre las Perspectivas de la economía mundial para 2022, ha expresado que la invasión rusa a Ucrania tendrá como efecto general un freno a la recuperación que se esperaba, de tal modo que ha bajado sus cálculos para todas las economías del mundo; en el caso de Bolivia, el organismo multilateral ha estimado que el crecimiento llegará a 3,8 por ciento.
También es importante señalar que, bajo los parámetros de análisis del FMI, el crecimiento proyectado para el próximo año es de 3,7 por ciento, mientras que la inflación se consolidaría en 3,2 por ciento en 2022 y 3,6 por ciento en 2023, frente a una previsión, también incluida en el PFF, que la sitúa en 3,3 por ciento.
Lo que no explican las citadas cifras es que este crecimiento refleja un “efecto rebote” o un rebote estadístico tras los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia, que se han traducido en una caída generalizada de la economía, especialmente en 2020, cuando se instruyeron confinamientos que paralizaron las actividades productivas; ese freno supuso una caída libre que continuó hasta que gradualmente volvió a recuperarse la actividad, con el desconfinamiento, lo cual marcó un punto de inflexión: de ahí el rebote; sin embargo, aún no se han recobrado los niveles de crecimiento previos a la pandemia.
En este complejo contexto económico, han comenzado las negociaciones por el incremento salarial de este año, sólo entre el Gobierno y la COB, pero lo más sensato que se ha escuchado hasta el momento es la propuesta de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que tiene tres componentes: 1. De haber un aumento que éste sea sectorial, es decir, que no lo paguen todas las empresas sino aquellas que efectivamente se han recuperado y están en ascenso; según el análisis de Cainco, sólo 20 de 35 sectores productivos se han recuperado; 2. Que la negociación sea entre genuinos representantes de los trabajadores y los empresarios y emprendedores; el rol del Gobierno debe ser el de un articulador del diálogo y moderador, y 3. Que el incremento esté en función de la mejora de la productividad y del crecimiento. Esto es distinto de un pliego de la COB con más de 100 pedidos y con un aumento de 7 por ciento al salario básico y 10 por ciento al salario mínimo nacional.
Es la primera vez que se escucha una posición firme del empresariado en materia de política salarial, lo cual se explica por la crisis económica que atraviesa el país y porque no decir nada sobre la imposición que saldrá de las tratativas entre el Gobierno y la COB, que en realidad son aliados políticos, podría poner en serio riesgo la supervivencia del sector privado. Bajo las actuales condiciones, y más allá de la racionalidad del planteamiento de la Cainco, debería postergarse el incremento salarial hasta que la situación mejore y las empresas se recuperen plenamente.
