La Policía en su laberinto

Los últimos robos de vehículos en Chile que involucran a jefes policiales han puesto de manifiesto, una vez más, la crisis de proporciones que vive la Policía Boliviana. Se trata de un mayúsculo escándalo de corrupción que debe ser investigado y sancionado con toda la rigurosidad que exigen unos hechos altamente sensibles que amenazan ya no con degradar aun más la imagen de una institución cuestionada, sino con liquidar la poca credibilidad que les queda. 

Con anterioridad fue la detención del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, cuando buscaba fugarse del país. Éste figura en un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que lo vincula con el expolicía Omar Rojas Echeverría, detenido por tráfico internacional de sustancia controladas en Colombia. El 26 de octubre Dávila, junto al entonces comandante nacional, festejaron el cumpleaños del expresidente Evo Morales, vestidos de uniforme policial.

Los actos de corrupción han sido recurrentes y seguirán “caiga quien caiga”. Uno de los pocos casos descubierto y sancionado fue el atraco de 385 mil dólares, que comandó el coronel Blas Valencia a Prosegur, el 14 de diciembre de 2001, en una céntrica avenida de la ciudad de La Paz. El 16 de mayo de 2003, este oficial fue condenado con la máxima pena de 30 años sin derecho a indulto y el exmayor Freddy Cáceres a 22 años de cárcel. Ambos uniformados eran los cabecillas de la banda conformada por ciudadanos peruanos y bolivianos. El juicio duró casi dos años, tiempo récord dada la condición de policías de los imputados y complejidad del hecho. Los investigadores mantienen en la retina lo complejo que fue dar con los protagonistas de uno de los atracos más violentos que hubo en La Paz.

El proceso identificó a Patricia Gallardo, entonces funcionaria del Ministerio de Gobierno, como la autora intelectual del atraco a Prosegur y la condenó también a 30 años de prisión. La misma suerte corrieron Elasio Peña Córdova, un exmilitar peruano y delincuente con antecedentes; Carlos Eladio Cruz; el comerciante peruano Alfredo Bazán y su coterráneo Víctor Manuel Boggiano Bruzón. Ellos fueron los autores materiales del atraco millonario.

La corrupción es de vieja data en esta institución fundamental del Estado, que vive atrapada por el gobierno de turno, sumida en el desprestigio y la inmoralidad funcionaria. Esta crisis se evidencia en todo cambio de ministro de gobierno, del comandante general de la policía o en el aniversario de la institución, cuando se anuncia desde el gobierno de turno una “reorganización institucional a fondo”, una “modernización”, la “lucha frontal contra la corrupción”, un “nuevo plan de seguridad ciudadana”, etc. 

La Policía Boliviana, desde su creación el 24 de junio de 1826, responde a una organización unitaria y centralista en la cual los órganos subalternos y regionales no poseen ningún tipo de autonomía financiera ni operativa: la Policía ha sido siempre una competencia exclusiva del gobierno central. La verticalidad y espíritu militar caracterizan a esta institución y esta particularidad constituye uno de los pequeños grandes problemas que tiene a pique a la institución verde olivo.

La Constitución proclama que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomía, pero los gobiernos departamentales no ejercen ninguna tuición funcional ni tienen la facultad de influir sobre las unidades regionales de la Policía. El viejo Estado unitario y centralista la ha convertido en una de las instituciones más centralizadas, jerárquicas y piramidales de la sociedad boliviana.

La corrupción policial constituye una pequeña muestra de la descomposición del Estado, pues en la misma situación se encuentra el sistema judicial, la educación, la salud pública, etc. En fin, el fortalecimiento y modernización institucional de la Policía depende de que haya voluntad política del gobierno (la Policía tampoco es independiente) y, por tanto, sólo un cambio profundo puede atemperar esta situación y, al mismo tiempo, comenzar a recuperar la confianza que tanto necesita para cumplir su rol institucional: la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.