La informalidad: entre la pobreza, la ilegalidad y la complicidad política

El autor es industrial y ex presidente de la CEPB

La informalidad no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestra región. De hecho, en América Latina esta actividad alcanza a un 50% del PIB total, lo que hace que en algunos países no sea vista como una disfunción socioeconómica, sino como una cultura, una forma de vida que se está naturalizando, de tal modo que, en lugar de buscar su disminución, se la asume equivocadamente como un mecanismo idóneo para enfrentar la pobreza e incluso los efectos de crisis como la del Covid-19.

Sobre esto, un estudio reciente del Banco Mundial señala que “En medio de la crisis provocada por la Covid-19, los trabajadores informales a menudo quedan rezagados y tienen un acceso limitado a las redes de seguridad social cuando pierden el empleo o sufren graves pérdidas de ingresos”. La CEPAL ha llegado a la misma conclusión.

La informalidad genera y se fortalece con la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades y, aunque en su esencia representa lo más primitivo del capitalismo, en las sociedades modernas su permanencia produce economías precarias y desiguales.

Se puede ser informal por opción o por necesidad. En nuestro país, es evidente que las enormes barreras con que el Estado castiga al sector privado, hacen que sea muy poco atractivo incorporarse a la actividad económica desde la formalidad. Pero, además, la mala calidad de los servicios públicos, la corrupción, la discriminación y la falta de incentivos provocan la desmotivación individual y social para pagar impuestos voluntariamente.

En el ámbito laboral el problema es mayor. Normas obsoletas y anacrónicas, sistema de resolución de conflictos laborales injusto y parcializado, aumentos salariales y dobles aguinaldos sin ninguna relación con la productividad y costos parasalariales crecientes son algunas de las barreras que desaniman la contratación y permanencia de trabajadores, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

La informalidad se naturaliza por la ausencia sostenida de oportunidades y porque es funcional al poder político, que con ella justifica el asistencialismo, genera la adhesión de grupos numerosos y se desentiende de su responsabilidad de asegurar trabajo digno, oportunidades y bienestar a los ciudadanos, por eso mismo muchas veces es justificada por los distintos gobiernos.

En 2011 el Presidente del Banco Central de Bolivia de entonces sentenció que la informalidad es la fuente de riqueza para los gobiernos y que “estaríamos muriéndonos de hambre si todos tuviéramos que legalizarnos y pagar todos los impuestos, incorporar a todos nuestros trabajadores a la seguridad social”. El comentario hubiera pasado al olvido si el principio no se hubiera repetido en 2021, cuando una movilización creciente demandaba la derogación de la Ley 1386, y el argumento de opositores y oficialistas, que convenció al Gobierno de eliminarla, fue que esa medida afectaba a los informales.

Fundamentalmente, la informalidad crece cuando el sector formal se ve impedido de generar trabajo digno y estable; cuando las actividades que captan gran cantidad de mano de obra han perdido esa capacidad y cuando el Estado no produce políticas eficientes de empleo. El hecho de que en Bolivia la informalidad alcance un 62% del PIB (7% más que hace 10 años) y que 8 de cada 10 trabajadores estén en ese ámbito, parece ser el resultado de estas tres condiciones, sumadas a la precarización paulatina de la industria manufacturera.

El problema es grande y complejo, y se mantendrá así a menos que el Estado empiece a tomar medidas serias y consistentes para enfrentarlo.  Asumir que es un tema cultural, un tabú o un asunto irresoluble es sólo un justificativo para eludir una responsabilidad jurídica y ética, y para mantener un problema esencialmente económico, que sin duda es uno de los pilares de nuestro atraso y subdesarrollo.  

La solución debe empezar con políticas que permitan fortalecer la capacidad de los agentes privados formales para generar fuentes de trabajo, eliminar las trabas al emprendimiento, disminuir el contrabando, mejorar el clima de negocios y facilitar el crédito y el acceso a los mercados internos y externos.

Es importante comprender que la informalidad no es beneficiosa ni puede serlo, porque aumenta la pobreza, disminuye la competitividad, ralentiza el desarrollo y vulnera derechos individuales y colectivos. Pero también, debemos tener claridad en que mientras el Estado mantenga su actitud pasiva y cómplice frente a este problema, seguirán habiendo bolivianos que para escapar de la pobreza creciente se refugiarán en la informalidad.