Un juicio de naturaleza política
La verdad sale a la luz, por más oculta que
esté, incluso en el pliegue más recóndito e
invisible. Eso es lo que se puede concluir de
las últimas declaraciones del expresidente y
actual líder cocalero Evo Morales sobre la
condena a la expresidenta constitucional
Jeanine Áñez. Ni bien se terminaba de conocer
la parte resolutiva de la inconstitucional
e ilegal sentencia contra Áñez, de 10
años por dos delitos, resoluciones contrarias a la Constitución
y a las leyes e incumplimiento de deberes, el político
Morales ha expresado lo que hasta ahora se ignoraba
sobre el verdadero origen de este espurio proceso penal
en la justicia ordinaria.
Ha revelado Morales que en una reunión de carácter
político convocada por el presidente Luis Arce y en la
cual participaron él, los denominados “movimientos sociales”
-los aliados corporativos del Gobierno- y las bancadas
del MAS se resolvió que la expresidenta Jeanine
Áñez fuera procesada en la justicia ordinaria y no mediante
un juicio de responsabilidades. “En una reunión
convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba
David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministro
de la Presidencia; Pacto de Unidad, no todos; jefes
de bancada de senadores y diputados, presidentes de las
cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y
no juicio de responsabilidades”, afirmó Morales.
Correspondía, en respeto a la Constitución Política del
Estado y a leyes específicas en la materia, procesar a
Áñez mediante un juicio de responsabilidades, pero el
oficialismo no cuenta con los dos tercios en el Legislativo
que le hubieran permitido autorizar ese proceso. Por tal
razón, como expresa Morales, se decidió someter a Áñez
a una querella en la justicia ordinaria, en un proceso a todas
luces irregular, porque la jurisprudencia nacional al
respecto señala que hasta el dictador Luis García Meza
Tejada fue sentenciado en un juicio de
responsabilidades.
Queda demostrado, entonces, que el proceso penal en
la justicia ordinaria tuvo origen en la decisión política del
oficialismo y que se buscó tal escenario porque los estrados
judiciales hoy carecen de independencia y de imparcialidad
y son sumisos al oficialismo. Bajo estas condiciones,
era imposible que en un juicio irregular, con fines políticos,
se buscara la verdad histórica de los hechos; por el
contrario, Áñez ya estaba sentenciada antes del juicio.
¿Qué busca, entonces, este proceso contrahecho y con
motivaciones políticas? Algo que pareciera que es producto
de la ficción, pero que Morales también lo ha confirmado
ayer, al expresar que la condena corroboró que
hubo una ruptura del orden constitucional; se puede resumir
así ese afiebrado pensamiento: si todo golpe de Estado
rompe el orden constitucional e interrumpe un
mandato legítimo y si Morales, en noviembre de 2019,
fue víctima de un “golpe de Estado” entonces tiene que
volver al poder o por lo menos recuperarlo en 2025.
El proceso y la condena a Áñez no buscan otra cosa
que reponer en el poder a Morales. Esto sólo es posible
en un país en el que se vulneran los principios y valores
democráticos. Por tal razón, ahora el oficialismo quiere
perseguir a todos los líderes políticos opositores y
cívicos.
