Es necesario debatir un cambio de la política tributaria

Hace unos días, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) publicó la Memoria Anual 2021 que, entre otros resultados, muestra que el 98% del total de la recaudación impositiva en Bolivia, durante la gestión 2021, se originó en las categorías de “personas jurídicas” (89,81%) y “empresas unipersonales” (7,91%); y que el 81% de lo recaudado corresponde al pago del IVA, IT y el IUE. Aunque en ambos casos se incluyen a entidades del Estado, es innegable que en Bolivia los sujetos que aportan con impuestos y los recursos obtenidos provienen mayoritariamente de las empresas privadas formales.

El informe registra además un padrón de 442.133 contribuyentes activos habilitados a diciembre de 2021. Esta cifra es notoriamente baja si consideramos la cantidad de empresas, negocios y unidades productivas existentes; los servidores públicos y trabajadores por cuenta propia y quienes se dedican a la producción, transporte, comercialización, servicios, arrendamiento u otro tipo de actividades alcanzadas por la norma, que sin duda suman un número muchísimo más alto.

La Memoria incorpora, además, el dato histórico de recaudaciones de los últimos 15 años, que prueba que desde 2014 hay una tendencia decreciente (o cuando menos un estancamiento) en los ingresos, de Bs 49.719 millones de ese año a Bs 35.901 millones en 2021.

Del análisis de estos datos se concluye que existe una marcada concentración impositiva en pocas categorías y que la mayor fuente de recursos por impuestos se origina en las empresas privadas, lo que provoca una distorsión y un creciente desbalance entre quienes tributan y son sometidos a presión, sobrefiscalización y acoso, y aquellos que, teniendo la capacidad y obligación, no aportan al erario público, a vista y paciencia de un Estado pasivo y complaciente.

Más allá de este informe, es evidente que los obstáculos inherentes a la política tributaria afectan a toda la economía y demuestran que el sistema de recaudación en Bolivia adolece de problemas estructurales relacionados fundamentalmente con la informalidad, la inequidad y la débil cultura tributaria.

Una primera gran dificultad tiene que ver con la normativa. En 36 años, desde la promulgación de la Ley 843 de Reforma Tributaria, la estructura jurídica fiscal no ha sido modificada sustancialmente, pese a su desactualización y a la evidencia que, aunque fue muy importante para ordenar el sistema, no tuvo la capacidad para disminuir la informalidad. El problema se ha complejizado por la tendencia a realizar ajustes a través de leyes, decretos y resoluciones administrativas parciales y dispersas, sin políticas de Estado que la orienten y motivados únicamente por estrategias coyunturales o presiones corporativas.

Otro tema pendiente es la precaria cultura tributaria que genera comportamientos como la evasión y la elusión, atribuibles principalmente a la debilidad institucional, la insuficiencia de mecanismos de rendición de cuentas, las excepciones que causan inequidades, la falta de conciencia tributaria, la permisividad y la complejidad burocrática del sistema.

Este aspecto es nodal y su solución exige un cambio profundo en la comprensión que tienen el Estado y los ciudadanos con respecto a la naturaleza y el fin de los impuestos, sobre la base de que el régimen impositivo no puede tener como único objetivo el aumento de la recaudación presionando cada vez más a las empresas que tributan; y que el pago de tributos no puede entenderse sólo como una carga unilateral que impone la autoridad.

Un tercer elemento se refiere a la necesidad de fortalecer a las instituciones encargadas de la gestión fiscal, que deben trascender la función de simples recaudadores y asumir su rol de gestores y administradores de un sistema que promueva la corresponsabilidad debida entre los ciudadanos y el Estado, sobre la base de la igualdad, la justicia y la eficiencia. Es necesario reconocer que el SIN ha mostrado avances importantes en términos de transparencia y modernización, pero subsisten aún graves falencias en burocracia, inequidad y deficiente comunicación con la ciudadanía.

La desigual e injusta distribución de la carga tributaria que pesa mayoritariamente sobre el sector privado formal y la importancia de contar con un sistema moderno, eficiente y justo imponen la urgencia de propiciar un debate nacional para modificar el sistema impositivo, a fin de que se garantice el cumplimiento del mandato constitucional que señala que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.