Contrabando desde Argentina
La crisis económica avanza, sin pausa alguna, en Argentina y no es exagerado afirmar que carcome las bases económicas del país vecino.
El gobierno bicéfalo, conformado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no puede controlar la crisis galopante, que se ha manifestado con una sequía extrema de dólares y una inflación anual creciente; ni el nombramiento de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, ha detenido ese paulatino deterioro y, por el contrario, sus últimas intervenciones han desatado más protestas entre los propios sectores populares y obreros que sustentan al peronismo, debido a que la política oficial ha ratificado que se cumplirá el compromiso asumido con el FMI, mediante el préstamo de 57.100.000 dólares contraído por el expresidente Mauricio Macri. En Buenos Aires y en el resto de las provincias se deteriora el clima económico y por ahora no hay salidas claras a esta preocupante situación, que deriva en presiones para devaluar el peso argentino ante el dólar, con el fin de lograr una mayor competitividad de la industria rioplatense.
Esas devaluaciones argentinas tienen efectos nocivos sobre la economía boliviana, que tiene una política cambiaria fundamentada en el tipo de cambio fijo; en concreto, las medidas de los Fernández para captar más dólares se convierten, en las fronteras bolivianas con ese país, como Yacuiba, Bermejo y Villazón, en avalanchas de productos extremadamente baratos con respecto a los que se producen en el país, en especial los del sector alimentos, debido a lo cual se ha fortalecido el contrabando, en particular el de pequeña escala y “hormiga”, el de los bagayeros; el movimiento febril de mercaderías que ingresan sin pagar impuestos desde el país vecino, sin embargo, llega a una suma total que puede causar un daño irreparable a la industria nacional y, en consecuencia, a los empleos formales y toda la cadena comercial legalmente establecida.
Es tal el impacto del contrabando que según la Cámara Nacional de Industrias llega, en términos globales, a 3 mil millones de dólares anuales, mientras que la internación ilegal de productos a cargo del contrabando “hormiga” o de los bagayeros representa una suma global de mil millones de dólares al año; en 2014, se estimaba que bordeaba los 533 millones de dólares, pero puede crecer a medida que haya más devaluaciones.
Por esta razón, el Gobierno ha desplazado a las tres fronteras mencionadas un contingente combinado de 500 militares y aduaneros, que hoy es resistido por los bagayeros, quienes han anunciado que no permitirán controles rigurosos de la mercadería ilegal internada, porque sus dirigentes han firmado un convenio con el Gobierno para que no hayan decomisos en las áreas urbanas; anuncian, además, bloqueos y protestas si continúan los rigurosos operativos anticontrabando.
Los decomisos, como única medida de protección del sector productivo legalmente establecido, deben continuar. De lo contrario, se corre el riesgo de que la crisis argentina se contagie al país y comiencen a cerrarse más industrias y empresas, ya castigadas por la pandemia.
