Asalto a los bolivianos

Corrían los años 1992-1993 en los que se conformó una comisión, de la que formé parte, para estudiar y elaborar un proyecto de ley, con la cooperación logística de la GTZ alemana y USAID, para la creación de la Procuraduría General de la Nación.

Para entonces el Ministerio Público era el defensor de la sociedad y del Estado, cuando la protección de la sociedad es una y otra distinta la protección del Estado. La Fiscalía se limitaba a actuar de acusador en el ámbito penal interno, mientras que el Estado se encontraba en indefensión, al menos cuando se trataba de procesos judiciales internacionales, hacía falta una institución que específicamente se ocupe de estos asuntos.

Desde luego que ni se nos cruzó por la mente que una Procuraduría serviría para asuntos particulares domésticos ni tampoco para asumir defensa o ataque de presidentes o expresidentes por delitos comunes o de orden político, para eso estaban la Fiscalía, la justicia ordinaria y constitucional y también los juicios de responsabilidades de autoridades.

La Procuraduría nada tenía ni nada tiene que ver con estos asuntos, por lo que los actos del actual procurador Wilfredo Chávez como abogado de Evo Morales son ilegales por contradecir la propia  Ley 064 o Ley de la Procuraduría General del Estado, que establece en su artículo 2 que “la Procuraduría General del Estado (…) tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado”.

Es absolutamente indignante el asalto inferido al pueblo boliviano con la enorme cantidad de juicios internacionales perdidos con sumas multimillonarias por pagar y conste que la ciudadanía desconoce cuántos juicios más se habrán perdido y tampoco sobre los otros juicios que sobrevendrán y con cinismo inaudito algunos legisladores dicen que esas deudas tiene que pagar el pueblo, olvidando que la Constitución establece el “derecho a la repetición”, es decir, que dichas deudas multimillonarias provocadas por la malicia de los gobernantes deberán ser pagadas por ellos mismos y no por la ciudadanía.

Que el juicio por pagar, 105 millones de dólares al grupo español BBVA no está perdido, es otra mentira, porque los juicios arbitrales se realizan en única instancia y sólo queda el triste camino de pedir la revisión. El tribunal internacional jamás revisará su propia resolución.

Sólo un tonto puede confiar en la esencia del Estado y se nos pone la piel de gallina cuando nos dicen que desde septiembre de este año empezará a funcionar la temida “Gestora de Pensiones”… ¡Los gobernantes manejarán la plata de los pobres jubilados! ¿Aquí se esfumarán los aportes de toda una vida de los jubilados?