La “industria” del avasallamiento
No es una hipérbole calificar al avasallamiento o toma de tierras como una de las “empresas” o “industrias” más beneficiosas para quienes han emprendido esta actividad ilegal, que gradualmente se convierte en otro sello característico de los gobiernos del MAS.
Lamentablemente, no aseveramos nada nuevo. Lo que ocurre es que el recurrente tema, que es como un telón de fondo de los gobiernos masistas desde 2006, ha vuelto a la actualidad de la mano de la toma de predios en Pailitas, en una zona muy próxima a Las Londras, otra propiedad agrícola que intentó ser tomada por organizaciones irregulares que se autodenominan como “interculturales”, pero que, si vamos a llamar a las cosas por su nombre, como debe ser, en realidad son grupos organizados de avasalladores de tierras privadas, fiscales o Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
Ya se han elaborado estudios al respecto, en especial para la TCO Guarayos, de tal modo que no es difícil describir el modus operandi de estas verdaderas bandas armadas.
Ese viaje a la ilegalidad suele comenzar con “emprendedores” que reclutan a “interesados” en el avasallamiento en sus comunidades de origen, ubicadas por lo general en la zona andina. Un segundo eslabón en esta cadena es el lamentable rol que juegan instituciones estatales como el Instituto Nacional de la Reforma Agraria o la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, que, según denuncias, proporcionan información específica a estos grupos sobre los predios “avasallables”, ya sean éstos de propietarios privados en vías a regularizar su derecho propietario, tierras fiscales o bien TCO. Una vez definido el “objetivo”, viene la acción de hecho: la toma propiamente dicha, con el uso de la fuerza, porque los avasalladores, por lo general, están armados y conforman grupos capaces de atacar a las fuerzas policiales e inclusive, como ocurrió en Las Londras, de secuestrar a periodistas. Si fueran aprehendidos y procesados, entra en juego el consorcio que los protege —es la garantía del éxito de esta “iniciativa”—, conformado por jueces, fiscales y policías, que los libera o impone una detención preventiva que fácilmente es revertida, para que los avasalladores vuelvan a las andanzas, como en el caso de los dos acusados principales de la toma de Las Londras que, una vez puestos en libertad, reaparecieron como cabecillas en la invasión de Pailitas.
Por supuesto, estos grupos irregulares tienen padrinazgo político e influencia en el oficialismo. Esto explica por qué la fuerza coercitiva estatal no reprime estos avasallamientos que lesionan la Constitución Política del Estado y las leyes. Contrariamente a lo que se cree, esas tierras no son trabajadas por los avasalladores, sino que éstos las alquilan o venden a empresarios del extranjero, es decir, se destinan al mercado ilegal de tierras o a la especulación.
Lo peor de todo es que esta “industria” de la toma de tierras enriquece a unos cuantos especuladores, elimina los bosques y deja sin TCO a los indígenas. Y esto ocurre a vista y paciencia del Gobierno, que debería reprimir estas actividades ilegales, pero que no lo hace porque podría darse un escopetazo en el pie.
