En el 197 aniversario patrio
Grandiosa la gesta de los héroes que nos legaron la independencia de la cual gozamos hace 197 años.
Sus nombres —Juana Azurduy de Padilla, Manuel Ascencio Padilla, Eustaquio “Moto” Méndez, José Miguel Lanza, Ignacio Warnes y Vicente Camargo, entre tantos otros— están escritos con letras de libertad, al igual que el del libertador Simón Bolívar y el del mariscal Antonio José de Sucre; con mayor razón los de los patriotas que, para establecer una nación que tuviera el control sobre su propio destino, consolidaron el territorio de la Audiencia de Charcas como un país que no respondiera a mandatos de lejanos centros de poder en los virreinatos coloniales: ni con Lima ni con Buenos Aires; tal es el espíritu del Acta de la Independencia: “El mundo sabe que el Alto Perú ha sido en el continente de América el ara donde vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. (…) Los departamentos del Alto Perú protestan a la faz de la tierra entera, que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos”.
Es una epopeya labrada en 15 años de grandes batallas contra el poder colonial, cuya expulsión dio el contorno a un país fundamentado en la libertad política que, en un transitar de casi 200 años, busca aún los mejores caminos para mantener viva la llama de esa voluntad de autodeterminación.
La libertad, que es libertad política, es esencialmente una libertad de hacer, aunque limitada, en la vida de una comunidad que ha resuelto regirse por la ley, en las libertades y derechos de los demás. Por tal razón, por ejemplo, John Locke dejó establecido que donde no hay ley no hay libertad. La razón fundamental es que se busca evitar la concentración del poder en una sola persona, como sucedía en el Estado Absolutista de Derecho, en el que un solo individuo, además de controlar la administración, tenía el poder de legislar —o bien que la legislación se expidiera bajo su imagen y semejanza— y también de juzgar según sus caprichos. Al declararse independiente en 1825, el nuevo Estado, agradecido, inicialmente concedió al libertador Simón Bolívar el Poder Ejecutivo en forma vitalicia, pero una vez que él declinó esos honores Bolivia ha buscado consolidar un Estado Constitucional de Derecho.
Sin permitirse retroceder en la tarea de preservar el espíritu de libertad política que la anima, Bolivia ha intentado, en las últimas dos centurias, fortalecer un Estado basado en 1. el imperio del ordenamiento jurídico, que obliga por igual a gobernantes y gobernados, con la Constitución en la cúspide, que fija las condiciones de validez del resto de las normas; 2. un poder político que se ejerce con clara separación de funciones, para evitar la concentración, dotado de un sistema de pesos y contrapesos; 3. el control y fiscalización del poder político, para evitar excesos, y 4. la promoción, resguardo y protección de los derechos y libertades fundamentales.
Por supuesto, se han dado, a lo largo de dos siglos, avances y retrocesos, pero la ruta establecida hace 197 años está incólume. La tarea pendiente es consolidarla, pero sobre todo evitar que las tentaciones totalitarias lleven al Estado a una involución tal que se dañe la libertad política legada por tan preclaros próceres.
