Peligroso avance autoritario

El autoritarismo avanza, en todas sus formas; el Gobierno está empecinado en “acelerar” la destrucción del sistema democrático en la forma en que se conoce, nos referimos a este actual, imperfecto como nunca, donde la libertad de expresión está cada vez más restringida, pero que aún se la ejerce. Expresarse está complicado: el poder busca mecanismos que trata de legalizar para evitar el ejercicio pleno de derechos. En este orden de cosas, la libertad de información, de publicación, es la que más difícil la tiene porque el poder puede “cargar contra ella” por la vía de la presión impositiva o judicial o ambas. 

No es nuevo en el continente americano, en la Europa asiática (Eurasia, por estar a tono con 1984 de Orwell: Rusia y los que aún son sus satélites). En Cuba no hay periodismo libre y tampoco libertad de expresión, aunque hay corajudas expresiones de ella; Venezuela acabó con los medios libres y presiona con la libertad de la calle; en Nicaragua se barrió con los medios y ahora, sin ellos que denuncien, se carga contra la Iglesia católica y la gente se da modos de que esto salga fuera de sus fronteras; seguramente la restricción del internet y las redes será el próximo paso. 

En Bolivia esto no es nuevo; desde hace años, no hemos sido pocos los que denunciamos la presión judicial y la suspensión de la pauta oficial a los medios no militantes y el “derrame de las bendiciones económicas” a los que se alinean con el poder de turno. En 2022, Abya Yala, un canal que nadie sabe que existe (salvo los que reparten la pauta), y ATB son la expresión de ello. Este último se beneficia, sin rating de ningún tipo, de millones de dólares que resultan hasta ilegalmente invertidos porque no redundan en beneficio para el Estado. Se pone pauta donde se ve… Tal es el sentido del pago de publicidad. 

En ese cuadro de cosas, hace algún tiempo tuve información de presiones políticas y económicas al periódico Los Tiempos de Cochabamba para que transfiera sus acciones mayoritarias a precios viles. Intenté conocer más sobre ello, me contacté con gente cercana a los accionistas y se excusaron pidiéndome que por favor no diga nada, que ellos estaban manejando su situación; entendí que lo que yo hubiera dicho habría perjudicado en vez de ayudar.

Pensé que era mejor no meterme donde no me llaman: al final de cuentas, era un asunto de privados; pero desde hace días venimos leyendo en medios sobre el tema y han sido las publicaciones emitidas por las organizaciones institucionales que agrupan a los medios de prensa bolivianos referidas a la “asfixia económica e impositiva” contra “los Canelas” y ahí sí, esto se hace público y me meto.

Esto coincide con lo que yo tenía como información y, habida cuenta que es público, se me ha dicho que hay una fuerte presión de parte de Impuestos Internos, sobre todo, que de la mano de la justicia presionan a la familia Canelas, que bien pudiéramos decir es el “nombre propio” de Los Tiempos, para que se venda la mayoría accionaria al señor Eduardo Valdivia Zambrana, hijo del conocido “empresario hotelero y soyero” Juan Valdivia, de cuyo nombre recordamos las denuncias que tuvo sobre las acciones de Gravetal y el affaire con Inversiones de Capital Inversoja, que nunca llegó a saberse con exactitud en qué terminó eso.

Pues bien, ahora ya no es Juan Valdivia, sino su hijo Eduardo quien, de acuerdo a gente con la que hemos conversado sobre el tema de Los Tiempos, habría presionado (y esto es lo “anormal” en un país donde este tipo de presiones desde el poder es “normal”) para que el grupo Los Tiempos le venda la mayoría de las acciones a precio de ganga, usando al poder político a fin de obstaculizar la venta de bienes improductivos de los Canelas, con la que pudieran pagar deudas que tiene la empresa; se ha sabido que en esto habría intervenido la “justicia” a fin de evitar, como que de hecho se ha impedido, la venta de varios activos; eso es no permitir que Los Tiempos obtenga recursos; en otras palabras, ese freno a la venta muestra que lo que puede pretender la compañía ICC es apoderarse de la empresa y de sus bienes; en este tipo de situaciones, el que piensa mal acierta bien. 

La intermediación se estaría dando a través del Dr. Miguel Díaz Cosío, quien sería representante legal de la empresa ICC S.A., propietaria de un paquete minoritario de Editorial Canelas. 

¿Cómo es que Valdivia tiene acciones en Los Tiempos? Según se sabe, el ex accionista de Editorial Canelas, Mauricio Canelas Montaño, le habría transferido sus acciones a Eduardo Valdivia Zambrana, empresario conocido por su relación con el MAS, cosa a la que tiene derecho, pero no a aprovechar la misma para lograr que la justicia evite la venta de bienes de los Canelas a otras personas que no sean los de la empresa ICC S.A., cosa que, esto último, sí se nos ha confirmado de parte de allegados a la familia Canelas. 

¿En qué consiste el bien o los bienes bajo presión? Hasta donde sabemos, una vieja casona familiar de los Canelas que tendría un precio por encima del valor de las deudas con el fisco, cosa que la familia Canelas no niega tener, de otro modo no se explicaría el pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa y otras instituciones preocupadas con los acontecimientos. Convengamos en que el rol de la justicia impositiva es cobrar lo que se les debe: ¡listo!, hasta ahí llegan. En el caso de Los Tiempos, después de escuchar la conferencia de prensa colectiva, a accionistas, trabajadores y dirección del medio, no me queda duda de que una vez que vendan honrarán sus obligaciones con el Estado y con sus trabajadores, que son quienes hacen que el periódico sea lo que es. Pongámoslo claro: no está entre las atribuciones de Impuestos Internos ni entre las del Estado determinar qué y a quién deben venderle los deudores, sobre todo en este caso en el que casi 80 años de periodismo independiente pueden caer en manos del poder político gubernamental.

El Gobierno, ¿pretende coleccionar medios amigos? ¿Para qué? ¿Para que no se sepa o se conozca distorsionadamente lo que ocurre? Esto es muy peligroso, como lo es el amedrentamiento e intención de encarcelar a A. Gutiérrez y a A. Rojas y seguramente a otros, por la contratación de P. Llanos, bajo el argumento de que se le pagó “demasiado”… ¿En serio? ¿Esa es razón para encarcelar a periodistas? No, los periodistas citados y enjuiciados son el símbolo de lo que viene, que puede sumarnos a un listado de países sin libertades plenas.

Se viene difícil, esto no lo van a parar. Insistirán. En gran parte, de nosotros, los ciudadanos, depende.