La Gestora y la jubilación
Para quienes han sido testigos, en el último cuarto de siglo, de los cambios en el sistema previsional o jubilatorio en el país no dejan de ser preocupantes las señales que da la nueva Gestora de pensiones, que finalmente, después de 12 años de retraso, se hará cargo del sistema del seguro social de largo plazo o de las rentas de jubilación.
En primer lugar, habrá que dejar establecido que, sin duda alguna, fue beneficiosa la sustitución del quebrado sistema de reparto por el sistema de cuenta individual.
El sistema de reparto caminaba hacia la quiebra, debido a que el fondo de pensiones básicas y los fondos complementarios no eran suficientes para cubrir las jubilaciones, lo cual habría llevado al Estado a asumir obligaciones insostenibles para el Tesoro General de la Nación. El Estado caminaba hacia el colapso financiero. La hiperinflación prácticamente había “licuado” los fondos de pensiones y, además, en los fondos complementarios, cuyos directorios estaban controlados por políticos y por el sindicalismo, campeaba la corrupción.
En los fondos complementarios, es bueno recordarlo, se efectuaban negociados con los aportes de los trabajadores que consistían en compras de bienes inmuebles —lotes, casas, etc.— con sobreprecios o en inversiones absurdas, a tal grado que el manejo irresponsable y oscuro de los fondos para la jubilación sólo enriquecía a los directores de aquellas entidades. El caso más famoso de administración corrupta de los fondos complementarios fue el del director del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública, Dante Escóbar, quien fuera sentenciado a nueve años por la malversación de más de 10 millones de dólares, después de su captura en Buenos Aires, donde se sometió a cirugías estéticas para cambiar su apariencia, aunque finalmente fue aprehendido y extraditado.
Con la reforma de pensiones de 1997, el ahorro para la jubilación dejó de estar al alcance de políticos y administradores como Dante Escóbar y se depositó en cuentas individuales, gestionadas por las administradoras de fondos de pensiones, AFP. Sin embargo, el MAS ha promovido un nuevo cambio, de tal modo que de ahora en adelante esos ahorros para la jubilación, que los trabajadores aportan obligatoriamente cada mes, estarán a cargo de la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Se ha estimado que en la actualidad los fondos de pensiones ascienden a 24 mil millones de dólares, que representan algo más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Estos recursos privados serán administrados por la Gestora, que es una institución controlada por el Gobierno, es decir, por políticos y por grupos corporativos, entre los cuales, por ejemplo, está la COB, cuyos dirigentes sindicales medraban y se enriquecían con el manejo corrupto de los fondos complementarios.
Con la Gestora, que obedece a intereses políticos, no hay la garantía, según expertos en pensiones, de un manejo transparente de los fondos para la jubilación y tampoco se puede esperar que haya racionalidad en las inversiones, como ocurría con los fondos complementarios; lo más probable es que esos recursos se destinen a “inversiones” con criterios políticos que no respondan a una justa y profesional valoración del riesgo. Estamos en vías a un retroceso muy riesgoso.
