Un Procurador deficiente
El actual Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, ha dado ya sobradas muestras de que no es idóneo para las funciones que le han asignado y que su permanencia en esa institución sólo se justifica por su cercanía al expresidente y dirigente cocalero Evo Morales, a quien prestó sus servicios como abogado.
Es tan deficiente su gestión que su única actuación pública consiste en desplazarse por el país para firmar convenios interinstitucionales, es decir, montañas de papel mojado. En cuanto a la naturaleza de las funciones de la Procuraduría, no se tiene noticias sobre gestiones positivas desde que asumió el cargo.
Por el contrario, su desempeño en este campo es tan lamentable que hace poco, para confirmar que no ha logrado un resultado favorable para los intereses nacionales, volvió a perder un arbitraje interpuesto por el grupo financiero BBVA, por más de 100 millones de dólares.
Otra de sus peregrinas iniciativas, como se recordará, fue su fracasado intento de usurpar las facultades y atribuciones constitucionales del Órgano Electoral, cuando quiso promover un recuento de las actas de escrutinio de 2019, que según esta autoridad definirían al incontrovertible ganador, es decir, su excliente y jefe partidario, Evo Morales. Para tal cometido, sumó a su sainete al Contralor, soterrado y en notorio silencio sepulcral pero dispuesto a secundar el despropósito del Procurador, quien también organizó a un grupo de estudiantes de la UMSA para su “conteo”, con uniformes y todo. Cuando más persistía en su ridículo propósito, tuvieron que recordarle que en un proceso electoral rige el principio de preclusión, que para quienes conocen de leyes significa que cada una de las etapas clausura la anterior sin posibilidad de revisar o replantear lo ya decidido en ella. Chávez pretendía, inclusive, pasar por encima de una ley que declaró nulas las elecciones de 2019, que según informes de la OEA y la UE fueron fraudulentas.
Ahora, para corroborar que no conoce mucho de leyes o que no le interesan, cuando de defender a Morales se trata, Chávez ha pedido que se revele la fuente responsable de haber filtrado el informe de fondo de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que establece que el 16 de abril de 2009 se registraron ejecuciones extrajudiciales y torturas instruidas por el expresidente Evo Morales.
Es decir, el Procurador plantea que se vulnere la Ley de Imprenta, que en su artículo 8 expresa que el secreto de imprenta es inviolable, lo cual no sólo está protegido por la Constitución Política del Estado sino también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y específicamente por el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que señala lo siguiente: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. El secreto de fuente es el núcleo de la actividad periodística y también la garantía que permite fiscalizar al poder: hace realidad el periodismo, en especial el de investigación.
Los gremios periodísticos y los propietarios de medios han rechazado la estrambótica y desorientada pretensión del Procurador. Es ya ocioso preguntarse si Chávez reúne las condiciones para defender los intereses del Estado.
