Cuando las normas generan conflicto e injusticia

El pasado 30 de septiembre, Santa Cruz fue nuevamente escenario de un multitudinario cabildo convocado por el Comité Cívico, que exigió al Gobierno la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023. Esta acción de protesta se sumó a una serie de medidas que viene impulsando la institución cruceña para que se modifique el DS 4760, que fue promulgado a su vez para ajustar al DS 4546.

Coincidentemente, en estos días, entidades del sector privado han reclamado por la emisión del DS 4749, que prohíbe el uso de gas para la generación de electricidad por parte de la industria nacional; semanas antes, el empresariado fue gravemente afectado por la promulgación de la Ley 283, impuesta sin siquiera escuchar las varias observaciones a su constitucionalidad y pertinencia.

También se mantiene el conflicto de los trabajadores mineros de Colquiri, cuya demanda es la abrogación del DS 4783, que obliga la entrega de las utilidades de la mina al Tesoro General del Estado. Para lograr su propósito, bloquearon la carretera La Paz-Oruro por varios días ocasionando pérdidas considerables al transporte y al comercio.

Las situaciones de conflictos generadas por las normas no son nuevas. En noviembre de 2021, a pocos meses de posesionarse, el actual Gobierno tuvo que derogar la Ley 1386, tras más de 10 días de bloqueos y marchas que produjeron graves perjuicios a la economía. En junio de este año, también tuvo que retroceder y eliminar un artículo del Proyecto de Ley 249 después de una ola de protestas del mismo sector beneficiario.

Aunque los ejemplos son muchos y han tenido lugar en todos los gobiernos de las últimas décadas, no deja de ser paradójico que algunas de las más graves crisis que han producido muertes, violencia y enormes pérdidas económicas al país, hayan sido ocasionadas por la promulgación de leyes o decretos en regímenes democráticos.

Es evidente que el problema no son las normas en sí mismas y ni siquiera sus creadores, sino la comprensión distorsionada de los políticos de turno, que siguen asumiendo equivocadamente que la ley es un instrumento discrecional y privativo del ejercicio del poder, y no el instrumento que les otorga el Estado para regular o atender las necesidades sociales, cuya elaboración precisa de decisiones políticas, aplicación de técnicas del Derecho y, sobre todo, diálogo y consenso.

Por eso en Bolivia resulta natural y frecuente que la construcción de leyes y decretos se delegue solamente a equipos reducidos de tecnócratas o correligionarios con visión, objetivos e intereses comunes, y que, ante el temor a la crítica y la censura, se llegue al extremo de ocultar su contenido hasta que empieza el debate en el Parlamento, donde también se aplica el nocivo secretismo.

Por principio, toda norma jurídica —por su alcance general y porque puede tener consecuencias importantes en la vida de las personas— necesita de una amplia deliberación y análisis exhaustivo que permitan contraponer y confrontar puntos de vista, considerar los efectos a corto y mediano plazo y, ante todo, facilitar que los sectores interesados tengan garantizada la posibilidad de expresión y participación. Precisamente la omisión de estos principios ha sido la causa por la que decenas de leyes y decretos se hayan derogado antes de aplicarse o, peor aún, que hubieran causado conflictos prolongados y cuestionado la seriedad y responsabilidad de los gobernantes.

Otro aspecto nodal en este tema es que la participación de la sociedad organizada en la institucionalidad democrática no es una dádiva sino un derecho reconocido, que alcanza a la conformación de los Órganos del Estado, el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas y la construcción colectiva de leyes, por lo que cualquier acción u omisión que pretenda impedirla o menoscabarla constituye una grave falta. Esto implica que —manteniendo el principio del gobierno de las mayorías— ningún sistema puede prescindir de la participación de la ciudadanía organizada, el diálogo inclusivo, el consenso activo, la tolerancia al debate y el respeto a la opinión contraria.

La solución a los conflictos y las demandas sociales no es la descalificación o la violencia, sino la prevención. Esto pasa por entender que la democracia ha cambiado en todo el mundo y hoy no sólo es representativa sino participativa, expresándose también en medidas como el cabildo por el censo, cuyas resoluciones deben respetarse y atenderse. 

La nueva forma de ejercer la democracia debe aplicarse de manera transversal en la conducta de los gobernantes, pero sobre todo en los ámbitos legislativo y normativo, que constituyen el espacio concreto de relación ente el Estado y la sociedad y que, si se mantiene en su forma actual, ocasionará inevitablemente el colapso del sistema político y la consolidación del desacato como regla social.