La asfixia a Santa Cruz
En el quinto día del paro indefinido de Santa Cruz, que busca la abrogación del Decreto Supremo 4760, que instruye que el Censo Nacional de Población y Vivienda se lleve a cabo en 2024, para que este vital empadronamiento se realice en 2023, el conflicto se decanta hacia el ejercicio de la violencia.
A los enfrentamientos en el Plan 3.000, en la capital cruceña, se han sumado los de La Paz, cuando se efectuaba una marcha pacífica, liderada por el alcalde Iván Arias, que reclamaba diálogo, pero que fue atacada por partidarios y funcionarios masistas, que actúan ora como acarreados ora como grupos de choque violentos, que no toleran expresiones de disenso, bajo la mirada pasiva de la Policía que, como sabemos, obedece al bloque de poder imperante.
Que surja la siempre peligrosa carta de la violencia se confirma con las declaraciones del dirigente campesino Eber Rojas, afín al oficialismo, quien en un calculado despliegue de histrionismo, pero que ha caído en la sobreactuación, no sólo ha desafiado al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho a definir el actual conflicto por el censo a puño limpio, sino que hasta lo ha amenazado de muerte. Y también al dirigente cívico cruceño Rómulo Calvo. Es decir, Rojas tendría que ser aprehendido por el Ministerio Público, pero sabemos que eso no sucederá.
La impune escalada de violencia tuvo continuidad en el inicio del cerco a Santa Cruz, con el bloqueo de las principales rutas que la conectan tanto con otros departamentos del país como con naciones vecinas. De hecho, otro dirigente afín al MAS, Omar Ramírez, ha amenazado con sitiar a la capital económica del país con un millón de campesinos “hasta generar hambruna” (¿una especie de Holodomor impulsado por este dirigente?). Al respecto, habrá que concluir que esta violencia verbal es propia de una situación de guerra, pero hoy los tratados internacionales de derechos humanos impiden y sancionan lo que Ramírez pretende cometer.
Lo que ya no es retórica es la decisión del Gobierno, que ha comenzado desde ayer a suspender las exportaciones cruceñas de soya, aceite y azúcar, entre otros productos, con el argumento de prevenir un posible desabastecimiento de carne de pollo, carne de res, carne de cerdo y leche, entre otros productos de la canasta básica.
Se trata, sin duda alguna, de otra medida draconiana de presión que busca doblegar a Santa Cruz. Al inhumano cerco que tratan de establecer los campesinos masistas, se suma este decreto de restricción, que tiene un objetivo claro: asfixiar económicamente a los cruceños y anular la fuente de recursos que ha convertido a esa región en un polo de desarrollo y de bienestar en el país. Es decir, el Gobierno, por tanto, intenta castigar a su región más próspera –se da un escopetazo en el pie–, que sólo demanda un censo oportuno, en 2023, que ayude a concretar una distribución justa tanto de los recursos de coparticipación tributaria como de las diputaciones.
La paradoja es que el presidente Arce ha convocado a todos los actores del conflicto –a nuestro juicio, con un injustificable retraso– a una “cumbre” que se realizará mañana en nuestra ciudad. Tras estas medidas de asfixia, y con razón, los dirigentes cruceños han pedido garantías para asistir a tal encuentro con predominio oficialista.
