¿Ocultan información?
Santa Cruz ha denunciado que en la mesa técnica que se desarrolla desde el viernes 4 en Trinidad, Beni, se resisten a facilitar a su equipo, que asiste a aquel encuentro, información oficial sobre el censo, sobre todo la que maneja el Instituto Nacional de Estadística.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, al abandonar ayer la mesa técnica precisamente por este pedido sin respuesta, ha denunciado tal situación, a todas luces incomprensible, y mediante una carta ha exigido que, para profundizar el debate sobre el empadronamiento nacional, con el fin de definir la fecha —que es el objetivo central de esta cita en Trinidad—, el Gobierno entregue a Santa Cruz el rol de actividades desglosadas del proceso del censo y el presupuesto de cada una de ellas. Según Cuéllar, el INE sólo ha distribuido las diapositivas de una presentación, que se consideran insuficientes para una discusión técnica.
Aunque el Gobierno ha negado que se oculte información sobre el censo, llama poderosamente la atención que se maneje este encuentro bajo un riguroso hermetismo.
En oportunidad de celebrarse la cumbre del “Censo con consenso” en nuestra ciudad, se pidió a los asistentes que no ingresaran al encuentro con sus teléfonos celulares; en Trinidad, también se ha procedido de igual manera.
Además, en ninguna de las dos reuniones el Gobierno ha permitido que asistan periodistas para que informen sobre el curso de las exposiciones y deliberaciones.
Todo lo que rodea al censo está bajo la cultura del secretismo y la opacidad, como ya lo hicieron notar quienes han solicitado, por ejemplo, fundamentos técnicos sobre la postergación del censo, que debía realizarse el 16 de este mes, pero que ha sido diferido, sin argumentos, para 2024.
Por el contrario, antes de este aplazamiento sin razones de peso, fue el mismo Gobierno el que aseguró que el proceso del censo estaba casi concluido y que no se tropezaría con dificultades para ejecutarlo este año, precisamente en este mes. Ahora, en cambio, el Ejecutivo sostiene lo contrario y ha organizado “mesas técnicas”, a las cuales asisten sobre todo autoridades oficialistas, con el fin de aprobar —otra vez, como si no se hubiera promulgado el Decreto Supremo 4760— que el censo se efectúe en 2024.
Cabe expresar que la ciudadanía tiene el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y en particular al derecho de acceso a la información en poder del Gobierno, que garantiza un manejo transparente de los asuntos públicos; ni el Estado ni el Gobierno del presidente Arce son propietarios de la información sobre el censo sino la ciudadanía y que hoy el Ejecutivo establezca tanto secretismo en sus diálogos y cumbres mueve a sospechar que no quiere abrir el debate porque no tiene fundamentos técnicos para la postergación, sino motivaciones políticas.
En consecuencia, si el debate es a puertas cerradas, sin que la población pueda informarse y opinar sobre esta discusión clave para el desarrollo del país, lo que se decida en Trinidad no tendrá el aval democrático que otorga el irrestricto derecho al acceso a la información. Y peor si se determina “técnicamente” y de manera “vinculante” que el censo sea en 2024. ¿“Vinculante” para quiénes? ¿Para la población que no ha participado en nada y se le ha negado su derecho al acceso a la información?