Un batacazo a los resultados del modelo

El 12 de noviembre Luis Arce, en un mensaje al país, informaba que el Censo de 2012 había sido realizado sin la correspondiente actualización cartográfica. El argumento buscaba justificar la incapacidad de su gobierno para llevar adelante el censo en 2022 y su dilación hasta 2024 inclusive.

Evidentemente, la urgencia de la coyuntura actual hizo que el foco del debate se mantenga sobre la fecha del futuro censo y las medidas de presión que se llevan adelante incluso hasta hoy (23/11/22) en Santa Cruz. Sin embargo, cuando las presiones bajen y los conflictos den paso a las resoluciones necesarias, es importante discutir las implicaciones de lo que admitió el exministro de Economía y cabeza del equipo económico de Evo Morales.

“Admisión”: comienzo con esta palabra porque las deficiencias con las que se ha llevado adelante el Censo de 2012 fueron notadas desde un primer momento y negadas repetidamente por el gobierno de turno. Las noticias sobre la falta de una cobertura adecuada a partir de un operativo mal planificado tenían como origen el uso de cartografía histórica no actualizada. Esto no sólo se dio en lugares alejados y de difícil acceso, sino que incluso se denunció en municipios de regiones urbanas densamente pobladas como Achocalla, por ejemplo.

Las consecuencias se hacían evidentes cuando se presentaron dos cifras diferentes, una de ellas preliminar y que bordeaba los 10,4 millones de habitantes y una final, con cerca de 250.000 habitantes menos que la preliminar. Esto hacía dudar aun más de los resultados, ya que en realidad el gran problema del Censo 2012 (y de los censos en general) es el subregistro de los datos, no el sobrerregistro.

Y aquí es donde surge lo preocupante: uno de los principales productos de los datos censales es el Mapa de la Pobreza. Ésta es una herramienta que mide el grado de necesidades básicas insatisfechas a lo largo y ancho del país, junto con las principales características socioeconómicas de la población, por lo que un censo mal realizado afecta de manera sustancial a la cuantificación de la pobreza, la determinación de las regiones más pobres y el grado del problema que enfrentan.

Peor aun, los datos de pobreza que se actualizan año a año parten siempre del registro censal, pero son en realidad estimaciones que se realizan sobre la base de encuestas mucho más pequeñas, por lo que cualquier error en el censo va a tender a amplificarse año a año. Dicho de otra manera: en 2012, muy probablemente, invisibilizamos a muchos pobres y fuimos invisibilizándolos todavía más conforme ha pasado el tiempo.

El hecho de que en la redistribución de recursos que se llevó adelante en 2013 (a través del DS 1672) se haya utilizado sólo el factor poblacional y no así el criterio de pobreza (que ya se había incluido en 2001, por ejemplo) sugiere que el Gobierno, en alguna medida, era consciente de este error.

Pero claro, el problema se ha extendido y se encadena a la coyuntura, al punto tal que, al intentar deslindar responsabilidades presentes, Arce ha admitido responsabilidades pasadas y, en el proceso, ha puesto en tela de juicio el núcleo discursivo del “modelo económico”, que se vincula a la reducción de la pobreza y todos los demás avances sociales de los que ha tratado de convencernos en cada uno de sus informes al país.

Lo importante de todo esto es que la discusión sobre si creemos o no las cifras que nos presentan parece haber sido zanjada, lo que queda por discutir es cuán equivocadas están.