Históricos desalojos
En el momento en que comenzaba a consolidarse la idea de que impera la anomia en territorio nacional y que no había autoridad posible que detuviera los avasallamientos y, por consiguiente, los abusos de grupos delincuenciales de loteadores, que mantienen lazos con consorcios judiciales que no sólo los amparan sino que hasta los alientan, ha comenzado a aplicarse una nueva política gubernamental con respecto a las invasiones inconstitucionales e ilegales de predios que va en la línea correcta.
El Gobierno, en cumplimiento de lo que prescribe la Constitución Política del Estado y las normas específicas, ha iniciado los desalojos de tierras productivas avasalladas y, en consecuencia, ha establecido precedentes que tendrán un efecto disuasivo entre las bandas de loteadores que se enriquecen con el espurio tráfico de tierras y que están a la expectativa de asaltar predios y despojarlos a sus legales y legítimos propietarios. La ejecución de esta política dio un primer paso en Santa Cruz, donde se ha admitido inclusive que la toma de tierras está vinculada al narcotráfico; por primera vez, tienen lugar desalojos en Guarayos —una zona infestada de loteadores—, en Pailón, en el Jardín Botánico y en el predio Kim, en la reserva ecológica de Las Lomas de Arena. Si hay más de 200 invasiones denunciadas, según el Gobierno, entonces se trata de una verdadera lucha contra quienes violan el derecho propietario.
En Cochabamba, donde operan más de 100 loteadores —todos identificados— en 14 zonas, quienes se caracterizan por controlar el tráfico ilegal de grandes superficies de tierras, hay 17 denuncias, según la información oficial, y uno de los casos más conocidos es el de la hacienda lechera de La Angostura, de propiedad de la familia Canelas —dueña de este periódico—, que desde hace dos años ha sufrido el avasallamiento de predios vitales para el sostenimiento del ganado.
El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y una fuerza policial de 500 efectivos han procedido al desalojo de 70 avasalladores, en un operativo que, por su magnitud y alcance, no tiene precedentes en Cochabamba; la medida abarcó un predio 584 hectáreas, 58 de las cuales son de la familia Canelas, según se ha informado a la prensa, y fue coordinada por el INRA, la Policía, la Gobernación de Cochabamba, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, el Ministerio Público y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa; las autoridades han aclarado que sólo tienen la facultad de desalojar esos predios, pero no de demoler las viviendas precarias, lo cual es potestad de la Alcaldía de Arbieto, que ayer estuvo ausente en la intervención.
Se trata de una acción gubernamental significativa no sólo para los propietarios de la finca avasallada, sino para la región, una de las más afectadas por los loteamientos de predios productivos. Pero también es una clara señal de que el Estado hará respetar el derecho constitucional a la propiedad privada, lo cual fortalece el Estado Constitucional de Derecho. El 22 de diciembre marca un antes y un después en el lacerante problema de los avasallamientos de predios en Cochabamba.
