La visita in loco de la CIDH

Hoy, lunes, empieza la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano. Se trata de un mecanismo especial de protección de DDHH por el que los Comisionados se trasladan a un país en específico para monitorear su situación de DDHH y recabar información directa sobre cómo está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en la materia.

Desde su establecimiento el siglo pasado, la CIDH ha realizado cerca de 100 visitas in loco, prácticamente a todos los países signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Luego de unas semanas, emitirá un informe oficial de sus hallazgos, identificando el estado del arte de los DDHH en el Plurinacional. Esta visita —como usualmente ocurre— se realiza a expresa invitación del Gobierno boliviano y el oficialismo la está “propagandeando” como prueba de su transparencia y respeto en la materia: una apuesta bastante arriesgada, por cierto.

A la vista del estado de los DDHH en Bolivia, sostengo que la CIDH enfrenta un poderoso desafío en el marco de sus funciones, que tienen que ver con promover la defensa y promoción de los DDHH y formular sus recomendaciones al Estado para que adopte medidas progresivas hacia su debido cumplimiento.

Material no les faltará, e incluso abundante. Más allá de las naturales limitaciones de estas visitas, pues materialmente no pueden abarcar todas las vulneraciones de DDHH que cotidianamente se producen y, por lo general, se concentran en las más famosas o evidentes; lamentablemente, no siempre las víctimas especialmente más vulnerables y por tanto con severas limitaciones de acceso pueden ser oídas. La romería de organizaciones y personas que imploran ser oídas —prensa, comités cívicos, particulares, etc.— da buena cuenta de ese estado del arte que, con un simple seguimiento o revisión de la prensa, les proporcionará abundante información.

Pienso, por ejemplo, sin pretensiones de exhaustividad, en algunas de estas, las que paradójicamente son sistemáticamente perpetradas por los garantes de hacer cumplir esos derechos: el sistema de administración de justicia boliviano.

El año pasado el TCP ordenó por sentencia expresa al Consejo de la Magistratura que, en tres meses desde su notificación, proceda a evaluar a todos los jueces bolivianos (transitorios y titulares) a efectos de su permanencia o salida de la carrera judicial. Ni por asomo ha cumplido con esa orden judicial y, lo peor es que los jueces tienen garantías reforzadas dado que son los principales garantes de los DDHH del resto de la ciudadanía.

Algunos pocos jueces, luego de batallas judiciales, han logrado retornar a sus cargos —de los que fueron arbitrariamente despedidos por el Consejo—, pero no pueden efectivamente hacerlo porque “cumpliendo” los fallos el Consejo se ha vengado de ellos y los ha enviado al exilio: a destinos jurisdiccionales que no son los naturales, castigándoles por haber tenido el tupé de defender sus DDHH. Lo peor de todo es que sus propios colegas jueces —en carrera para ser reelegidos, como sea— han validado esos abusos.

La madre heroína beniana Miriam Greminger, sistemáticamente revictimizada desde hace más de 20 años por el cruel asesinato de su hijo, sigue implorando al Tribunal Constitucional que resuelva desde hace más de dos años y meses una simple impugnación (que no debiera demorar unos 10 días hábiles), que le permita ejecutar una pírrica condena contra los cómplices de los asesinos materiales de su hijo, sistemáticamente encubiertos por el sistema.

Su causa, luego de estar sospechosamente dormida por más de un año en ese tribunal, ha sido nuevamente sorteada el año pasado a dos magistradas mujeres que, paradójicamente, hacen hermosos discursos y eventos en favor de las féminas, pero en la realidad la siguen revictimizando, pese además a ser mujer, y de la tercera edad. El caso ya está peticionado ante la CIDH desde el año pasado.

Y así, podría continuar citando por ejemplo los casos en los que los defensores de DDHH y abogados somos amenazados o perseguidos por las estructuras oficiales por el tremendo pecado de cumplir nuestro trabajo y enfrentarnos al Estado; los procesos eternos que se tramitan sine die o la manifiesta desigualdad de trato que el sistema propina a quienes el poder ordena encubrir o perseguir, versus el resto y así sucesivamente… cada amable lector añadirá los muchos que conoce. Peor los abogados.

Así que, bienvenidos señores comisionados, tienen mucho material para analizar e identificar pese a las limitaciones materiales de las visitas al lugar de los hechos (in loco). Recuerden por favor con Sidney Lumet, mutatis mutandis, que ahora: “Ustedes son la ley, no es un código, ni los abogados, ni es una estatua de mármol, ni las ceremonias de una corte. Esos son símbolos, nuestro deseo es ser justos (…). Si vamos a tener fe en la justicia tan sólo hemos de creer en nosotros mismos; yo creo que hay justicia en nuestros corazones”.