No hay precio más alto que el de un producto que no hay

Lo dijo Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos a analista energético; lo dijo Juan Fernando Subirana, especialista en finanzas y analista económico; lo dijo Pablo Vargas, comunicador especializado del rubro agropecuario. Si los que saben, saben lo que dicen, hay que escucharlos, porque, además, es una verdad de Perogrullo: “No hay precio más alto por pagar, que el de un producto que no hay en el mercado”. Por tanto, habrá que extremar esfuerzos para que el diésel nunca falte en el país el día de mañana.

Para quienes no piensan que esto es así, basta recordar lo que pasó en 2010, cuando el azúcar nacional salió del país de contrabando por su bajo precio: de nada valió tener un “precio justo”, no hubo poder humano para detener su salida porque primó el mercado. Debimos importar azúcar, hasta por avión, para abastecer el mercado, pero ¡carísimo! Curiosamente, el primero en subir el precio del azúcar importado fue el ente comercializador del Estado. ¿Aprendimos la lección? Que no nos pase como dice la canción de Julio Iglesias: “Tropecé de nuevo y con la misma piedra”.

Se debe tomar previsiones, dar soluciones, no se trata solo de criticar o despotricar, hay que aportar con ideas realistas, oportunas, desapasionadas e inteligentes, porque a la hora de la verdad no cuenta el verso, sino los resultados.

El costo de importar diésel y gasolina en el país se ha disparado por la caída en la producción de líquidos, el aumento real de la demanda interna, la subida del precio del petróleo y el inocultable contrabando a mercados circundantes por su bajo precio, generando una demanda artificial adicional, llevando al país a gastar en 2022 casi 4.300 millones de dólares por importación y 1.700 millones de dólares por subvención. Pese a ello, en 2023 escasea el diésel.

Para enfrentar el problema, el Gobierno emitió los decretos supremos 4910 y 4911, regulando la entrega de diésel y dosificando cupos que han sido cuestionados por diversos sectores, especialmente el agroproductivo, hasta llegar a medidas de presión por el tiempo de cosecha y siembra de granos, y la zafra cañera. ¿Se pudo evitar esto?

Sí, se pudo evitar, si es que el país hubiera entrado muchísimo antes, como se sugirió en 2008, a producir “biocombustibles verdes” para sustituir la importación de “combustibles fósiles”, pero también, si se hubieran dado las condiciones necesarias a las empresas petroleras para hacer exploración.

Pero, de nada vale llorar sobre la leche derramada. ¿Qué hacer para remediarlo? ¿Cómo resolver a cortísimo plazo el intríngulis de la demanda creciente de diésel en Bolivia?

Con el antecedente de que dos empresas mineras del occidente del país realizan por sí mismas la importación de diésel, con autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se sugirió la posibilidad de que cualquier sector privado del país que así lo desee, pueda hacer lo mismo para desahogar la demanda al amparo de la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005, que en su Capítulo II, inciso VI, establece lo siguiente:

“La importación de hidrocarburos será realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por sí o por contratos celebrados con personas individuales o colectivas, públicas o privadas, o asociado a ellas, sujeto a reglamentación”

Cabe informar que la importación de diésel por parte del sector estatal o privado, según el D.S. 4843 del 21 de diciembre de 2022, no paga el gravamen arancelario; además, siendo la importación para consumo propio, tampoco paga el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, según los artículos 109 y 110 de la Ley 843 del 20 de mayo de 1986; lo que sí paga es el Impuesto al Valor Agregado con una tasa efectiva del 14,94% que se puede recuperar como crédito fiscal.

Alguien dirá: Si la importación de diésel por privados está permitida desde hace años ¿por qué solo dos empresas mineras lo hacen y no otros sectores productivos? Simple: nunca faltó o amenazó faltar diésel subvencionado.

La idea de la libre importación de diésel por cualquier privado dejó en claro que el Estado no debe desatender su responsabilidad de seguir proveyendo diésel subvencionado en todo el país; tampoco apuntó a bajar la subvención, considerando lo que pasó en diciembre de 2010, cuando el Gobierno retrocedió en su intento de subir el precio del diésel y la gasolina porque la gente reclamó en las calles por su efecto inflacionario generalizado.

La propuesta —en facilito— apunta a dar una salida a la demanda insatisfecha de diésel para quienes puedan comprar un combustible no subvencionado, salvándose de cupos o una escasez futura, siendo que no hay precio más alto por pagar, que el de un producto que no hay en el mercado.

Esta propuesta es una expresión del exitoso modelo de desarrollo cruceño que nunca esperó soluciones desde el Estado, más bien, las procuró por su propia cuenta y riesgo (de otra forma, seguiríamos esperando luz, agua y teléfono hasta el día de hoy). ¿No le parece una propuesta coherente?

El autor es economista y magíster en comercio internacional y gerente del IBCE