Agua, carreteras y agronegocios

En un estudio reciente sobre impactos socioambientales de carreteras, realizado junto a organizaciones indígenas del norte de La Paz y de Beni, evidenciamos que obras como cunetas, puentes, terraplenes y la misma capa asfáltica alteran la conducta hídrica de la zona: mayor vulnerabilidad de manantiales poco profundos, riesgo de afectación a cabeceras de cuenca o interrupciones, canalizaciones y desvíos a cursos de agua que alimentan lagunas para pesca de autoabastecimiento o para riego comunitario; encharcamientos o aplanamientos de ríos —cuando son bancos de préstamo— afectan su calidad ecológica y el ciclo reproductivo de peces; a eso se suma el desmonte de la vía y sus márgenes, lo que reduce la infiltración a lo largo de varios kilómetros, sin mencionar la contaminación de aguas durante las obras.

Pero la consecuencia no visible y más problemática de carreteras en bosques tropicales es el llamado “efecto arrastre”, pues implica todo el paulatino proceso de cambio de uso del suelo: masiva deforestación no autorizada, caminos secundarios legales e ilegales, asentamientos humanos, especulación sobre el precio de la tierra y aceleración de procesos extractivos no controlados como minería, ganadería, monocultivos, tráfico de fauna, etc.; por lo que estas vías también son una avanzada para el despojo territorial y la degradación ecológica e hídrica en la zona de impactos indirectos.

Esta faceta de los proyectos viales casi no es mencionada en los planes de mitigación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA). Por el contrario, las carreteras forman parte de un imaginario nacional de modernidad y desarrollo, donde calza perfectamente el llamado modelo cruceño del agronegocio. En ese marco, cómo no podría ser aplaudida una vía de 81 km que facilite la conexión de la Red de Vías Fundamentales (RVF) 9 y 7, uniendo Las Cruces - Buena Vista al corredor bioceánico RVF 4, es decir: favorecer el tránsito de mercancías entre Bolivia, Brasil, Argentina, Perú y Chile (ABC, 2018).

Sin embargo, esta vía es resistida porque atraviesa la Unidad de Conservación Güenda - Urubó y bordea el Parque Nacional Amboró, zonas de recarga hídrica que abastecen a la mancha urbana cruceña y benefician a municipios aledaños (Buena Vista, San Carlos, Yapacaní, Comarapa, Samaipata, Mairana, Pampa Grande, El Torno y Porongo) (Cochrane, Rosales et al., 2006; Fundación Natura, 2021). La importancia hidrológica de ambas áreas está probada: el Amboró aporta con 189 Mm3 (millones de metros cúbicos) al acuífero profundo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (lo que representa el 74%, según Cochrane, Rosales et al., 2006). Apenas entre el 5% y el 10% de la precipitación pluvial termina en percolación profunda, es decir, alimenta a la reserva efectivamente; lo que confirma que es un área altamente sensible y, como bien dice el informe de Sauma, Chalup, et al. (2022), la intervención antrópica y la deforestación en esta área generarán más escorrentías superficiales disminuyendo la infiltración y recarga.

En términos de abastecimiento, esta agua tiene usos doméstico e industrial en el radio de la mancha urbana de la capital cruceña. Es explotada mediante pozos administrados por 34 cooperativas, de las que una es Saguapac; estas extraen 125 Mm3/año para uso doméstico (Góngora, 2022) frente a una demanda anual de 107 Mm3, considerando un consumo de 150 litros/habitante/día (Fundación Natura, 2021). Empero, no existen datos sobre el consumo de agua del sector industrial cruceño: “Eso es una ciencia incierta. Eso realmente no se sabe ¿cuánto es lo que están explotando las industrias?”, se preguntaba Carlos Góngora, asesor de Recursos Hídricos de GIZ – Periagua, durante la mesa técnica de la Sociedad de Ingenieros sobre la carretera Las Cruces – Buena Vista.

Con datos de 2018, Góngora llegó a estimar que el sector industrial metropolitano cruceño estaría explotando entre 60 y 80 Mm3/año. Entonces ¿cuánta agua usa el sector agrícola-ganadero a nivel departamental? tomando en cuenta que en el país más del 80% del agua se emplea en el sector agrícola (Urquidi y España, 2019), sin ningún tipo de control y estudio sobre capacidad de recarga hídrica versus frontera agropecuaria y deforestación: “Uno tiene a muchos productores quejándose por la sequía, pero los mismos productores en la campaña anterior deforestaron: hay una contradicción que requiere ser resuelta en el tema productivo”, expresaba Juan Carlos Sauma, defensor del acuífero Güenda – Urubó.

Esta contradicción del modelo productivo, la desprotección hídrica en proyectos viales y la ausencia de datos sobre uso y consumo de agua agudizan nuestra vulnerabilidad, pues los indicadores globales de la huella hídrica del agronegocio son alarmantes: se requieren 15.400 litros (L) de agua para producir 1 kilogramo (kg) de carne bovina, 2.300 L para 1 kg de soya, 1.700 L para 1 L de etanol (Vargas, Portillo, et al., 2019; FAO, 2019; Aldaya y Hoekstra, 2010). Esto sin hablar de la indefensión de ríos, áreas de inundación natural y cuencas de captación frente a la impune contaminación hídrica minera, agropecuaria y urbana.