Informalidad, desocupación y otras nimiedades

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en una entrevista con El Deber-Radio  sobre el Informe Presidencial de la antepasada semana, dedicó varios minutos al tema de la informalidad económica. Argumentó que el grado de la informalidad en Bolivia (un 80% de las actividades económicas), no tiene mayor relevancia ni incidencia porque el concepto de fondo —y las formas cómo se mide la informalidad (falta de seguridad social a corto y largo plazo, y evasión impositiva)— son criterios aplicables en el mundo desarrollado, pero, en Bolivia, “de una u otra manera, hay un seguro gratuito universal de salud de corto plazo (SUS), todos los bolivianos pueden aportar para jubilaciones como seguro de largo plazo, y, por su naturaleza indirecta, todos pagamos impuestos”.

Criticó que, quienes opinan sobre la informalidad y su incidencia, no tengan estudios actuales que, por ejemplo, consideren emprendimientos familiares que gracias a la tecnología pueden “vender desde la casa, con una mayor presencia en la familia”. Terminó repitiendo que Bolivia tiene la tasa de desocupación más baja y una de las más altas de crecimiento en la región por tercer año consecutivo.

Desde la perspectiva de las políticas públicas para el desarrollo, el ministro mezcla conceptos y temas con implicaciones muy diferentes en los efectos que esas políticas tienen, tanto sobre la realidad cotidiana de las personas, como en la “calidad social” del crecimiento económico. Recordemos que, por el Art. 54.I de la CPE, es obligación del Estado, “establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación (…) y garanticen ocupación laboral digna y remuneración justa”. Por el Art. 46, “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y a fuente laboral estable (…) que le asegure para sí y su familia una existencia digna; el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.

En este marco constitucional, que exista el SUS, que tenga jubilación quien pueda aportar, y que, “indirectamente” todos paguemos impuestos, ¿son políticas de empleo suficientes para evitar la desocupación y la subocupación? La respuesta es un rotundo NO. El ministro comete una serie de errores.

Primero, se sube al carro del neoliberalismo que, bajo el eufemismo de “emprendedorismo”, oculta la autoexplotación laboral del “cuentapropismo obligado” al que las personas están forzadas por la incapacidad estructural de la economía para crear 150.000 oportunidades de empleo productivo para los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral; segundo, confunde “ocupación” con “empleo”; tercero, asume que toda ocupación aporta al crecimiento de la economía; cuarto, que el acceso al crédito crea emprendedores; y, quinto, que, el crecimiento de la economía, necesariamente mejora las condiciones de vida de las personas.

Analicemos por ahora las relaciones entre las características del empleo y el crecimiento. El valor (tamaño) de la economía —el PIB— está dado por la cantidad de personas que trabajan multiplicado por el valor de lo que produce cada trabajador —que es la forma más simple de expresar la idea de la “productividad laboral”.

Con datos al 2021-2022, el PIB es de 300 mil millones de bolivianos, de los que 50 mil millones corresponden a los impuestos recaudados y 250 mil millones al valor que genera el aparato productivo en un año. La productividad laboral, obtenida al dividir este valor por la población ocupada (6,34 millones de personas en números redondos), resulta ser de 5.760 dólares al año (480 dólares al mes) como aporte promedio de cada persona ocupada al PIB.

Una primera observación, es que la productividad laboral boliviana es la más baja en América Latina (la productividad laboral promedio en la región supera los 20.000 dólares). Pero, además, hay significativas diferencias en productividad entre “ocupaciones” y “empleos”. Por ejemplo, la productividad laboral mensual (en dólares/mes) en la agricultura tradicional es de 200 en tanto que la de la agricultura industrial casi la duplica (360); la de la industria manufacturera son 500, la de la construcción o el comercio 200, y del trabajo en hoteles, restaurantes, bares y cantinas apenas 150. El pequeño detalle que se le escapa al ministro, es que las “ocupaciones informales” se concentran en el comercio, la construcción, servicios y en transporte urbano, actividades que generan rentas, pero no crean nuevos productos (valor) para la economía. Por ello, como la productividad de estas actividades es menos de la mitad de la productividad promedio, cada persona ocupada en estos sectores “jala hacia abajo” la productividad global, sumiendo a la sociedad boliviana en la pobreza.

Finalmente, los sectores que concentran el ingreso sin generan ningún valor para la sociedad, son los servicios de la administración pública, y los de intermediación financiera: en el primer caso, por los deficientes servicios de 500.000 funcionarios públicos, cada burócrata nos cuesta en promedio 1.250 dólares al mes (más del doble de lo que aporta un empleo industrial al PIB y seis veces más que los del comercio o la construcción). Pero lo más sorprendente, en un modelo que se identifica con valores anticapitalistas, es que la intermediación financiera es, muy de lejos, la actividad con mayor ingreso sin crear valor: 3.600 dólares mensuales por empleado (más de siete veces lo que aporta un empleo industrial) a costa, en gran medida, de las tasas de interés que pagan los “microempresarios” alentados por las políticas “productivas”.

En resumen, sea porque se alientan ocupaciones de baja productividad, o se premian otras que no aportan productivamente a generar valor y empleo productivo, la tasa de crecimiento de la economía boliviana, bajo el actual modelo, no guarda relación con el bienestar general de los hogares. Y la alta incidencia de la informalidad no es una nimiedad intrascendente, sino una fuerte llamada de atención sobre el extravío conceptual (ausencia) de las políticas de equidad, diversificación productiva y desarrollo. Si, en lugar de insistir en el extractivismo rentista, la política se concentrara en crear 150.000 puestos de trabajo con la productividad promedio de América Latina, nuestro PIB aumentaría cada año en más de 3.000 millones de dólares que, hoy, significaría un crecimiento del 8%. Así nomás es.