El agua, recurso estratégico
La reciente destitución de la autoridad gubernamental que emitió una resolución autorizando el incremento de tarifas por consumo de agua a los usuarios “derrochadores” y el limitado alcance de las medidas de urgencia aplicadas para mitigar los efectos de la sequía evidencian la falta de una política de Estado dirigida de manera específica a la gestión de los recursos hídricos del país.
Esa carencia no sólo es un manifiesto incumplimiento de lo prescrito por la Constitución, que impone el “deber (de) desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas”, sino que amenaza con dejar a los bolivianos inermes ante una disminución de los recursos hídricos considerados estratégicos.
En efecto, la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) emitió una resolución que, mediante el incremento de tarifas, apuntaba a desincentivar “consumos elevados, irracionales e injustificados, y que permita a los operadores del servicio (de suministro de agua potable) contar con volúmenes de almacenamiento para una distribución efectiva y equitativa a la población”.
Rechazada por los Gobiernos municipales de las principales ciudades de Bolivia y algunas juntas vecinales, la resolución fue anulada y su responsable, destituida.
La motivación de la ahora exfuncionaria era comprensible, pero los efectos de su eventual aplicación habrían sido poco significativos para resolver el problema que apuntaba a solucionar: la carencia de agua debido al retraso de la época de lluvias.
Similar impacto —mínimo— tendrán la perforación de pozos, especialmente en la región andina, y la distribución de recipientes para almacenar agua.
Desde hace dos meses, con excepción de la región del llano húmedo: esencialmente Beni, Pando y el norte paceño, Bolivia enfrenta una falta de agua suficiente para el consumo humano, pecuario y agrícola que afecta a siete de los nueve departamentos.
La población de las ciudades crece, lo mismo que el consumo humano, agrícola e industrial de agua y el cambio climático afecta las recargas hídricas.
De los 340 municipios bolivianos, 290 (el 85,3 por ciento) sufren los efectos de la crisis hídrica. Y en los últimos cinco años, la cantidad de lluvia caída en Bolivia disminuyó un 28 por ciento, según un último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es un problema de largo alcance imposible de solucionarse con medidas de urgencia de corto alcance.
Y eso ocurre porque no existen ni los estudios actualizados de los recursos hídricos nacionales, ni una política integral para su buen uso y sustentabilidad.