Una urgencia desdeñada por el Gobierno
La reforma de la administración de justicia boliviana es una urgencia ansiada por la ciudadanía y reclamada por instituciones internacionales, pero al Gobierno no solo le preocupa muy poco, sino que hasta podría parecer que le conviene mantener las cosas como están.
Las irregularidades —por injerencia política, ineptitud o corrupción— afectan a todo el sistema, desde las máximas instancias del Órgano Judicial, prorrogadas en sus funciones con una decisión contraria a la Constitución, dictada por el tribunal encargado de velar por su plena vigencia, hasta los juzgados y fiscalías.
No es un problema nuevo, pero se ha agravado en la última década. Un ejemplo de la instrumentalización de la justicia es la persecución desatada el año pasado por los cocaleros del Chapare en contra de los de los Yungas, con la condescendencia del Gobierno y el rigor de la justicia.
Las pugnas giraron en torno al control de mercados, incluyeron violencia y destrozos y provocaron la detención de dirigentes yungueños, entre ellos, César Apaza, encarcelado sin sentencia desde hace 16 meses, a pesar del deterioro de su salud.
Y hay también el caso de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, victimada en marzo de 2012 y cuyos asesinos, cómplices y encubridores recibieron penas que van de dos a 30 años de cárcel, en un juicio que llegó a su fin casi 12 años después de perpetrado el crimen.
El sistema judicial no solo puede excesivamente lento, sino también demasiado permisivo, como en el caso de una persona de 24 años, David Jesús Salvatierra Mamani, sentenciado en 2019 por robo agravado.
Pese a ser de alta peligrosidad, obtuvo su libertad y atacó a varias personas, incluida su pareja. Fue acusado de lesiones graves y leves, pero, pese a que ya tenía sentencia ejecutoriada, un juez lo liberó. Libre, se emborrachó y mató a puñaladas a un transeúnte.
Un sondeo realizado por Los Tiempos desde los últimos días del año pasado revela que la mayor esperanza (34% de las respuestas) para este año es la mejora de la justicia.
La semana pasada, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU pidió al Gobierno que “acelere el proceso de reforma del sistema judicial, asegurando y protegiendo la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizando su actuación libre de presiones e injerencias de conformidad con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.
Ojalá los escuchen.