Desastres: atender la urgencia ya no es suficiente
La intensidad, duración y consecuencias de las lluvias de los últimos días en todo del país perfilan una situación crítica que puede empeorarse. Como es natural, las instancias estatales correspondientes se activan para asistir a los damnificados en tareas que deberán extenderse por varias semanas.
No es la primera vez que enfrentamos una situación similar, tampoco será la última ni la más penosa y es muy probable que las siguientes sean peores.
Esa realidad exige una acción colectiva —liderada por los organismos gubernamentales, nacional, departamentales y municipales— de amplio alcance y largo aliento.
Según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil, hasta ayer, las inundaciones, riadas, derrumbes de edificaciones y deslizamientos habían afectado a 13.112 familias, por lo menos 40 personas murieron y 786 viviendas fueron destruidas como efecto de esos desastres.
Hay también pérdidas, aún no cuantificadas, de animales de granja y sembradíos.
Y el impacto de lo que estamos viviendo en la seguridad sanitaria y alimenticia de los damnificados ya comienza a sentirse. Según reportaba anoche el diario El Deber, un municipio cruceño “y cinco de sus comunidades se quedaron sin agua potable (ayer), debido a los daños causados en las tuberías por el desborde del río Quirusillas”.
Según los pronósticos y alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senhami), las lluvias seguirán cayendo los próximos días.
Con las inundaciones aumentará el riesgo epidémico y los casos de dengue, fiebre amarilla, hantavirus, fiebre hemorrágica, malaria, conjuntivitis, enfermedades diarreicas, leptospirosis y enfermedades respiratorias, como lo reportaba la Organización Panamericana de la Salud, en marzo de 2008, en una nota informativa titulada “Inundaciones, la historia se repite en Bolivia”.
Sí, se repite y se repetirá como efecto del fenómeno de El Niño y del cambio climático del que “se puede esperar (…) lluvias torrenciales más fuertes, las que ocasionarán inundaciones más frecuentes y también más dañinas”, según una monografía sobre su impacto en Bolivia, publicada en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Esa perspectiva exige iniciativas estatales para la adaptación del país al cambio climático, un proceso que debería incluir desde el traslado de las ciudades más expuestas a las inundaciones, hasta el fomento de investigaciones sobre el tema pasando por la preparación, desde ahora, de las nuevas generaciones a las vicisitudes climáticas que vendrán.
Es un desafío mayor que deben enfrentar nuestras autoridades en todos los niveles del Estado.
