Tierras y crimen organizado
No existe un solo departamento del país libre de conflictos por tierras provocados por la toma ilegal de terrenos, tanto privados como fiscales o comunitarios, y las consecuencias perjudiciales de esta actividad delictiva tienen un amplio alcance.
Los montos de dinero, gente involucrada y trascendencia político-ideológica de la gestión de la tierra deben ser de tal magnitud, que no sólo originan casos de corrupción que involucran a autoridades del Estado, sino que también son objeto de acusaciones serias de jefes policiales contra instancias judiciales.
Los sucesos recientes ligados al avasallamiento y tráfico de tierras, más allá del impacto que provocan durante unos días cuando son de magnitud, terminan por diluirse en el laberinto de investigaciones supuestas o reales que, a veces, identifican a sus responsables, pero jamás a sus organizadores ni beneficiarios.
Porque semejantes actos, perpetrados con impunidad y en el marco de un esquema que no podría existir sin la complicidad de autoridades estatales, benefician sin duda a personas que los patrocinan y permanecen en el misterio, pues quedan fuera de la acción de las instancias del Estado.
“No hay respeto al derecho propietario y se está cometiendo el delito de avasallamiento ayudado por notarios, abogados, jueces, fiscales, policías y exfuncionarios públicos. Hay organizaciones criminales en este delito”, denunciaba en octubre del año pasado el viceministro de Defensa del Consumidor, al informar que las ciudades más afectadas son El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
El problema tiene un alcance mayor. Las tomas de tierras son recurrentes en zonas rurales, especialmente en la región de Guarayos donde la semana pasada un grupo de avasalladores invadieron con violencia un predio agrícola, lastimaron a los trabajadores del lugar, tomaron rehenes y se enfrentaron con los policías que escoltaban a una comitiva de fiscales y a los propietarios del fundo cuyos sembradíos están listos para la cosecha.
Era la cuarta vez en los últimos meses que los avasalladores tomaban ese predio. “Nosotros hemos continuado con el proceso investigativo que lleva adelante la Fiscalía (...). Quienes tienen la competencia son los jueces que conocen la causa. y son de Guarayos. Tendríamos que preguntarles precisamente a esos operadores por qué no han avanzado en la acusación formal “, denunciaba el domingo la máxima autoridad policial de Santa Cruz.
Ocurren también choques violentos de consecuencias trágicas entre comunarios que defienden sus tierras de la invasión de avasalladores, como en agosto del año pasado en el municipio de Quillacollo.
El problema es amplio y su solución exige una voluntad política de amplio alcance que se traduzca en acciones transparentes dirigidas a poner fin al tráfico de tierras.
