Comprensible y legítimo bloqueo de vías
La obstrucción de carreteras como manifestación de reclamos sociales es en Bolivia una medida de presión frecuente que está enmarcada —con cierto límite— en los derechos ciudadanos, pero es a menudo objeto de distorsiones por sus móviles que distorsionan su legitimidad.
Sin embargo, existen ocasiones, raras es cierto, en los que el bloqueo de vías públicas se justifica por los fines legítimos que persigue y por cómo se lo practica, es el caso de la obstrucción de los accesos a Sacaba, ejecutada por padres de familia que reclamaban al Concejo Municipal recursos económicos destinados a “la adquisición de equipamiento para todas (122) las unidades educativas” de ese distrito.
Convocados por el Consejo Distrital de Juntas Escolares, decenas de padres de familia de establecimientos educativos estatales se declararon en emergencia, permanecieron durante horas en el Concejo Municipal de Sacaba y temprano en la mañana, bloquearon los accesos a esa población, hasta lograr satisfacción a sus legítimas demandas.
Es cierto que su medida perjudicó a “terceros ajenos al conflicto”, límite del ejercicio del “derecho a la protesta social” que ampara a los bloqueos —como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esos perjuicios fueron mínimos y las barricadas se levantaron tan pronto como el Concejo de Sacaba aprobó el desembolso de recursos para las escuelas y colegios de ese municipio.
Es más, al anunciar su logro, el líder de los movilizados los instó a recoger “todos los escombros y llantas” utilizados para ejecutar su medida de presión.
Pero hechos como estos son raros, como ya lo dijimos, pues en general los motivos para este tipo de protestas sectoriales tienen propósitos que, disimulados en supuestos beneficios colectivos, apuntan sólo conseguir ventajas de dudosa legitimidad.
Eso, por ejemplo, sucedía hace un año cuando vecinos de 19 barrios de la zona sur de Cochabamba impidieron el paso de los camiones basureros al botadero de K’ara K’ara —provocando la acumulación de toneladas de desechos sólidos en las calles de la ciudad con consiguiente riesgo sanitario— con el fin de lograr mejores condiciones económicas para la compra de lotes.
Unos lotes que la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se vio obligada a vender como resultado de la ocupación ilegal, avasallamiento, de esos predios.
Otro aspecto cuestionable en buena parte de esa clase de movilizaciones, es que quienes bloquean son sujetos pagados para ese propósito. Y en la mayoría de los casos no se trata de movilizaciones espontáneas, sino impuestas por las organizaciones involucradas, mediante amenazas de sanciones a sus miembros.
