Paro de 96 horas
Para esta semana, el sector médico ha declarado un paro de 96 horas, que, de ejecutarse, dejarían sin atención de salud al país los días 25, 26, 29 y 30 de los corrientes, en demanda de la eliminación de dos párrafos de la disposición final de la nueva Ley de Pensiones (035), que el sector gremial interpreta como una disposición de jubilación forzosa a los 65 años, demanda en la que también coinciden el magisterio, trabajadores universitarios y otros sectores laborales.
El Ministerio de Salud, que ha exhortado a los médicos a deponer la medida pensando en la gente, ha invalidado la demanda gremial esgrimiendo dos argumentos: 1) que la norma no establece en ninguna parte la obligatoriedad de la jubilación a los 65 años y 2) que el tema está en manos del órgano legislativo, no en el ejecutivo.
Sobre el primer punto, se ha debatido ya bastante, analizando los párrafos polémicos de la citada ley. El primero dice: “Con el objeto de coadyuvar en la preservación de la salud y bienestar de la población adulta mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más y cumplan los requisitos de la ley 065 (Ley de Pensiones) se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones”.
Pregunta para los impulsores de esta ley. Si no existe ninguna obligatoriedad de jubilación, como alegan médicos, maestros y trabajadores universitarios, ¿no es posible reformular la redacción de una forma más clara, en la que figuren verbos de “podrán” o “deberán” (según el caso) para establecer opción u obligatoriedad? Si el problema es simplemente de mala interpretación, ¿por qué no reformular la redacción y dejar de lado conflictos inútiles?
Sobre el segundo punto, que la norma esté en manos del legislativo, habrá que hacer notar que los médicos también esperaron durante la anterior semana un pronunciamiento de la comisión de diputados a cargo, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta.
Por supuesto, los paros, sean del sector médico, sean de otro rubro, siempre serán perniciosos para una sociedad, que apenas puede acceder a los servicios básicos, pero también hay que ver que actitudes de escudarse en la redacción de la norma, o que la potestad corresponda a otra instancia, y que la otra instancia tampoco tenga voluntad de atender las demandas, provocan una sensación de malestar en los sectores laborales, que demandarán reglas claras, normas más explícitas que no se presten a doble interpretación y voluntad de discutir (o en su caso debatir) estas disposiciones.
Lo positivo es que todos los sectores dejan las puertas abiertas al diálogo y aún se tienen tres días para dejar de lado estas medidas, que al final, sólo terminarán perjudicando a la población. Hacemos votos porque se resuelva este dislate innecesario.
