Autoridad de Pensiones: una burla a la Ley

Columna
Publicado el 08/07/2024

 

La semana pasada mostré cómo la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) no sólo incumple su mandato de defender los derechos de los asegurados, sino que los vulnera. Tampoco se sujeta a la normativa legal, infringiéndola repetidamente e incurriendo en actos tipificados en el código penal (https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20240609/columna/farsa-autoridad-pensiones). Cierro el tema exponiendo la actitud de esta institución ante la ley.

 

En el caso descrito, la APS se negó repetidamente a corregir su error en la determinación de la fecha, correspondiente a un dictamen médico, que amerita otorgarme las prestaciones que prevé la ley, eventualidad para la cual todos pagamos una prima de seguro junto a nuestros aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hoy reemplazadas por la Gestora. Y en lugar de ello, para colmo, modificaron ilegalmente varias veces la calificación del dictamen médico.

 

Ante ello, el 27 de diciembre de 2023, la Resolución Constitucional Plurinacional 294/2023 sancionada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó que la APS vulneró mis derechos y la normativa vigente. Entre las consideraciones menciona: “se evidencia una lesión al derecho al debido proceso”, “incongruencia omisiva”, “incongruencia aditiva”, “se ha lesionado el derecho a la estabilidad de los actos administrativos”, “lesionando y afectando el derecho del administrado”.

 

Por ello, la Resolución Constitucional anula los dictámenes y fechas emitidos por la APS y le ordena que: i) emita una resolución que dé respuesta justificada a mi solicitud de enmendar el error en la fecha, ii) en esta respuesta aplique el principio pro persona establecido en la convención internacional sobre derechos humanos, es decir aplicando la norma más favorable a mi derecho, iii) se abstenga de modificar y pronunciarse sobre la calificación de salud y iv) le da un plazo de cinco días para cumplir la sentencia. ¡Albricias! Luego de más de 7 años del inicio de esta historia kafkiana, parece que la justicia finalmente puede funcionar, me dije.

 

Iluso yo: la APS se desternilló de risa ante la sentencia e incumplió escrupulosamente cada uno de los cuatro puntos que se le ordenaban: emitió una resolución el 20 de febrero de 2024 (ocho semanitas después, casi lo mismo que los cinco días ordenados, ¿no?), en la que aprueba un nuevo y expresamente prohibido dictamen (¡el quinto!) de calificación de salud. No modifica la errónea fecha y falta a la verdad para justificarlo (mencionando que no existe un certificado de salud que en el párrafo anterior admite haber revisado). Para colmo, ni menciona (no sabe/no responde) el principio pro persona.

 

¡Qué les puedo decir! La APS no sólo que nuevamente incorpora con entusiasmo todas y cada una de las faltas por las que el Tribunal anuló sus anteriores resoluciones, sino que añade más, como la evidente falsedad mencionada y el grosero incumplimiento del plazo establecido en la sentencia constitucional. Al disponer luego el Tribunal que la APS informe sobre el cumplimiento de lo ordenado, responde con una cantinflesca redacción de nada menos que ocho páginas (en las que, por supuesto, el principio pro persona ni es mencionado ni aparece -¿existe eso, acaso?-), afirmando reiteradamente haber cumplido “estrictamente” (sic) todas sus instrucciones. Es más, desafía al Tribunal: “APS no admite la disgregación del dictamen” (sic). Suma así una nueva ilegalidad, al incumplir lo expresamente ordenado por la justicia.

 

En este reino de la ilegalidad, en el que los funcionarios reciben sueldos con recursos públicos para dedicarse a vulnerar los derechos de los ciudadanos y pasarse por el forro la normativa legal, el hecho de incumplir una Resolución Constitucional les debe parecer de lo más normal. ¿Pensarán lo mismo las altas autoridades del Estado? ¿Se reirán de las “picardías” de los servidores públicos por ellas nombrados? ¿Los felicitarán por su ingenio? No sé, pero al acudir a una repartición del Ministerio de Justicia, fui informado de que esa cartera de Estado sólo puede ser parte de procesos contra los ciudadanos y no así contra las autoridades e instituciones públicas que se burlan de la Constitución y la Ley.

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