Peligrosa minería ilegal
La minería ilegal provoca nuevamente enfrentamientos y deja un saldo trágico. Esta vez en el municipio de Sorata en La Paz, un policía muerto y otro se debate entre la vida y la muerte, también hay varios comunarios heridos por disparos de armas de fuego. Estos hechos se han vuelto constantes y casi “normales” en las regiones catalogadas como de excelente potencial geológico para posibles yacimientos de oro.
Estas zonas se han convertido en tierras de nadie, en lugares donde la violencia se torna cada vez más extrema. Además, se ha mencionado la presencia de ciudadanos extranjeros, entre ellos colombianos y chinos, pero también bolivianos.
La pregunta es: ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Hasta que los heridos y fallecidos sean incontables? ¿Hasta que los recursos minerales se agoten, o hasta que nuestras reservas naturales sean completamente destruidas, junto con las comunidades y la fauna única de las que dependen?
Los medios de comunicación han reflejado, a través de innumerables reportajes, las graves consecuencias de la minería ilegal en todos los ámbitos, desde la deforestación hasta la contaminación de las aguas que se utilizan para el consumo humano y animal.
Urge una reacción decisiva de todas las instituciones, no solo de la Policía y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), sino también del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil organizada en defensa de la Madre Tierra, tan mencionada en estos últimos tiempos.
En julio de 2023, el Gobierno llevó a cabo un primer gran operativo contra la minería ilegal de oro en la Amazonía boliviana. La Policía destruyó 27 dragas flotantes que explotaban el metal en el río Madre de Dios, en el noroeste del país, y arrestó a 57 personas. Sin embargo, un año después de esa acción, que fue aplaudida por muchos, no se ha realizado un trabajo similar.
En septiembre del año pasado, un juez dispuso “la paralización de toda actividad minera (aurífera) ilegal” en dos de los principales ríos de la Amazonía boliviana, afectados por la contaminación de mercurio.
La resolución emanó de un tribunal de la población de Rurrenabaque, en el departamento amazónico de Beni, tras otorgar la tutela a una acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). El juzgado ordenó “la suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental”. Pese a este gran avance judicial, la actividad continúa con normalidad.
Esperemos que la reacción y respuesta de nuestras autoridades sean contundentes ante estos hechos que mantienen en vilo a las poblaciones y ponen en riesgo la vida silvestre y los recursos naturales que aún posee nuestro territorio nacional.
