Facilidades para el pago de impuestos

La situación económica actual de Bolivia pinta un paisaje desalentador. Ya son muchas las pequeñas y medianas empresas cerrando sus puertas, familias luchando por llegar a fin de mes y un aumento alarmante en las tasas de desempleo y de subempleo. En este contexto, el peso de los impuestos se vuelve una carga insoportable para muchos, amenazando con hundir aún más a quienes ya están en dificultades. La imagen es clara y muestra a medio millón de funcionarios públicos con una sonrisa en los labios y la billetera llena todos los meses, por un lado y por otro a una familia promedio, tratando de mantener su hogar, y tratando de cumplir con las obligaciones tributarias, sacrificando algunas necesidades básicas.

En Bolivia, los planes de facilidades de pago de impuestos han sido una herramienta vital para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias de manera fraccionada. Durante más de 20 años, esta metodología ha funcionado de manera óptima, permitiendo a muchos mantenerse deudores al día con sus pagos tributarios.

Sin embargo, en tiempos recientes, he observado cómo la crisis económica ha golpeado duramente a muchos contribuyentes, incluyendo a aquellos que alguna vez pudieron cumplir con sus planes de pago sin problemas. Las dificultades de liquidez han llevado a incumplimientos, y esto a su vez ha desencadenado la ejecución tributaria (cobranza coactiva) inmediata de las deudas tributarias. Esto ha sido un golpe fuerte para muchos empresarios, que ahora enfrentan medidas coactivas severas como el congelamiento de cuentas y el embargo de bienes, entre otras penalidades insoportables.

El gobierno, en su urgencia por recaudar fondos para cubrir el déficit fiscal, ha instruido al Servicio de Impuestos Nacionales a aplicar una presión implacable sobre los contribuyentes morosos. Esta situación se ha agravado aún más debido a las recientes modificaciones en la normativa de facilidades de pago. El plazo para acogerse a estos planes se ha reducido de 60 a 30 meses, y las condiciones para ofrecer garantías en efectivo se han endurecido, haciendo casi imposible para muchos pequeños empresarios cumplir con las nuevas exigencias. Esta reforma reglamentaria de las facilidades de pago ya es de por sí un fracaso rotundo porque nadie está en condiciones de cumplir y pagar las cuotas tan abultadas y con plazos reducidísimos. En resumen, el gobierno no puede cobrar dinero efectivo y los deudores no tienen el efectivo suficiente para cumplir. Un desastre compartido.

Desde mi perspectiva, esta situación podría haberse manejado de manera diferente. Los planes de facilidades de pago estaban diseñados precisamente para ofrecer un respiro a los contribuyentes en tiempos difíciles. Reducir el plazo y aumentar las garantías necesarias para acogerse a estos planes ha creado una presión fiscal insostenible para muchos. En mi experiencia como profesional especializado en temas tributarios, he podido constatar este último tiempo que los empresarios que generan riqueza en este país están siendo asfixiados por estas nuevas normativas que no han logrado el efecto esperado.

Lo que se necesita ahora es un retorno a la normativa anterior que permitía planes de pago de hasta 60 cuotas, y una mayor flexibilidad en el ofrecimiento de garantías. De esta manera, los contribuyentes podrían empezar a pagar sus deudas mensualmente, aliviando tanto su carga financiera como la presión sobre el Tesoro General del Estado que no tiene el dinero suficiente para cubrir los salarios de más de medio millón de burócratas.

La importancia de las facilidades de pago no puede subestimarse, especialmente en tiempos de crisis económica. Estos planes no solo ayudan a los contribuyentes a mantenerse al día con sus obligaciones, sino que también aseguran una fuente constante de ingresos para el gobierno. La actual política de presión y ejecución inmediata está perjudicando a todos: a los empresarios, al mercado laboral y, en última instancia, a la economía del país.

Es imperativo que desde el Viceministerio de Política Tributaria se actúe con celeridad, proponiendo reformas legales pertinentes en materia tributaria que respondan a las necesidades reales de los contribuyentes en este momento tan crítico. La propuesta es clara: condonaciones y facilidades de pago más flexibles, accesibles y adaptadas a la realidad económica actual. Por si acaso, comúnmente se llama “perdonazo”, y eso es lo que urge.