La necesaria liberación de la importación de diésel y gasolina

Bolivia produce solo una fracción de los combustibles que consume, y debe importar el resto a precios internacionales. Desde hace más de una década, nuestro país ha mantenido congelado el precio de los hidrocarburos en 3,72 bolivianos por litro de diésel y 3,74 bolivianos por litro de gasolina, impidiendo su comercialización por encima de estos valores. Sin embargo, el contexto económico donde el precio promedio de la gasolina y el diésel importados es considerablemente mayor, ya que oscila entre 8 y 8,57 bolivianos por litro, la diferencia entre el costo de importación y el precio de venta interno es significativa. 

Este desequilibrio, agravado por la disminución de ingresos provenientes de la venta de gas, soya y agricultura, junto con el crecimiento del Estado a través de la creación de empresas públicas y sobrecontratación de funcionarios públicos, ha generado un panorama de desaceleración económica y falta de liquidez estatal con la consecuente falta de dólares, pérdida del valor adquisitivo e incremento de precios de alimentos. En otras palabras, el Estado al comprar caro para vender barato, utilizando los recursos de todos los bolivianos, está generando una situación económica peligrosa para el país. 

Para ilustrar el impacto de la subvención a los hidrocarburos en la economía boliviana se puede observar la evolución de los montos destinados a esta política. Por ejemplo, en 2006, Bolivia destinó aproximadamente 150 millones de dólares para la importación de hidrocarburos, lo que ya representaba un esfuerzo significativo para el Estado. Sin embargo, a medida que la economía boliviana creció, la carga de esta subvención ha aumentado considerablemente, y para 2023 se ha multiplicado por diez., donde el monto destinado por el Estado para subvencionar los hidrocarburos ascendió a un total de 1.821 millones de dólares. 

La magnitud de la situación obliga a repensar esta política. Aunque eliminar la subvención es arriesgado, una solución viable a corto plazo sería liberar la importación de diésel y gasolina, permitiendo al sector privado venderlo al precio que considere necesario o importarlo al precio que considere. Al mismo tiempo, se podría mantener un diésel subvencionado en los surtidores del Estado dentro de las posibilidades de pago, para quien considere necesario. Tomemos en cuenta que, sin energía, no hay desarrollo, por lo que mantener un modelo que subvenciona la energía, y además no la puede garantizar, limita el crecimiento del país.

Las agroindustrias pueden pagar su diésel, pero también necesitan verdadero apoyo y fomento a su trabajo. Los mineros pueden pagar su diésel, así como impuestos, y los transportistas, igual, si se garantiza y mejora el traslado de mercadería luchando contra los bloqueos. Si se libera la importación, no faltaría combustible y la gente podría decidir dónde comprarlo. Además, el Estado podría invertir ese dinero en mejorar y construir infraestructura para el crecimiento económico de los ciudadanos.