Elecciones judiciales al fin
Después de posponerse prácticamente por un año (estaban previstas para el primer domingo de diciembre de 2023) y una vez recibidas y aprobadas las listas de candidatos de la Asamblea Legislativa (ALP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó este martes la convocatoria para que finalmente las elecciones judiciales se realicen el 1 de diciembre de este año y se releven a los magistrados del sistema de justicia boliviano el 2 de enero de 2025.
La noticia fue aplaudida por propios y extraños, pues se trata de una medida que reduce la desconfianza que ya empezaba a cimentarse en la población sobre la institucionalidad boliviana. La oposición, que siempre tuvo posiciones críticas con respecto a estos comicios por considerarlos favorables al oficialismo, terminó también por reclamar su realización como el “mal menor” ante la sombra del prorroguismo de los anteriores magistrados y mientras se impulsa la reforma judicial.
Sin embargo, el proceso de preselección de candidatos encarado por la ALP sufrió más de un retraso debido a recursos judiciales y constitucionales que paralizaron su trabajo y fue, en su momento, anulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que obligó a que el trabajo vuelva a foja cero.
Además, postulantes que iban quedando inhabilitados interpusieron ecursos judiciales que obligaban a la ALP a paralizar su trabajo. Ya sobre el final, la ALP tuvo que sortear la falta de paridad de género en las listas de candidatos habilitados y optar, incluso, por habilitar a candidatas mujeres que no llegaron a la puntuación mínima de calificación en la etapa de evaluación.
Del otro lado, este retraso ha dejado un vacío en la dirección del sistema judicial, con magistrados que han continuado en sus puestos más allá de sus mandatos (los “autoprorrogados”), lo que ha generado críticas sobre la legitimidad de sus decisiones.
De allí que el anuncio de elecciones este 1 de diciembre da un poco de certeza sobre el futuro del país en materia de la administración de justicia, aunque aún quedan algunas voces que expresan su escepticismo.
El desafío principal será asegurar que estas elecciones se desarrollen de manera transparente y que los candidatos electos gocen de la legitimidad para desempeñar funciones con independencia. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, urge que el proceso electoral sea percibido como justo y libre de manipulaciones.
Es imperativo que, independientemente de las diferencias políticas, todos los actores involucrados trabajen para garantizar la transparencia y legitimidad de estas elecciones. Sólo así se podrá avanzar a un sistema judicial que responda a los principios de justicia e independencia.
