Medidas que perjudican
En Bolivia se ha vuelto costumbre que las demandas sociales, sindicales, políticas e incluso particulares se exijan mediante la presión de bloqueos en calles, avenidas o carreteras, sin importar si son exigencias locales, departamentales o nacionales.
En el primer semestre de 2024, se han registrado más de 50 días de bloqueos en distintos sectores, siendo Cochabamba el departamento más afectado debido a su ubicación geográfica en el centro del país.
El Gobierno calcula que por cada día de bloqueo, el país pierde alrededor de 50 millones de dólares. Sólo Cochabamba, según el sector empresarial privado, reportó más de 3.195 millones de bolivianos en pérdidas, afectando a más de 121 mil empresas, emprendedores y trabajadores.
Aunque muchas de las demandas pueden ser justas, al exigir la atención de las autoridades a través de estas medidas, se perjudica a otros sectores que no tienen responsabilidad en el tema. En la mayoría de los casos, son los transportistas y pasajeros, especialmente niños y personas de la tercera edad, quienes sufren al quedar atrapados en las carreteras sin alimento ni refugio.
Ayer, en el marco de la celebración de su 62º aniversario, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar la crítica situación económica que atraviesa el país. Giovanni Ortuño Camacho, presidente de la CEPB, destacó la necesidad de unir esfuerzos entre el sector privado, los actores sociales y las autoridades públicas para superar las dificultades económicas que afectan a todos los bolivianos.
Es fundamental que el diálogo y la concertación prevalezcan antes de asumir medidas que perjudiquen a la sociedad en general. Por lo tanto, es crucial resaltar el llamado del sector empresarial a que “los actores sociales y políticos, especialmente aquellos que tienen representación parlamentaria, asuman su responsabilidad y se adhieran a este objetivo”.
Recientemente, un sector político amenazó con iniciar un bloqueo si el Órgano Electoral no responde de forma favorable a su demanda. En Santa Cruz, se determinó un paro cívico para este viernes en reclamo por los datos del censo. En La Paz, los vecinos también han anunciado que saldrán a las calles y evitarán la circulación vehicular si la crisis por falta de dólares y el incremento de los precios de los productos de primera necesidad persiste.
La protesta es justa y está amparada por la Constitución Política del Estado; sin embargo, también es necesario considerar el derecho de otras personas a desplazarse y trabajar. El país necesita estabilidad económica para que su gente viva mejor, y esto no sólo depende del Gobierno o del Legislativo, sino de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil en su conjunto.